«El verdadero San Carlos». Así se llama un inusual grupo de WhatsApp creado por el alcalde de esa comuna, Rubén Méndez Venegas, en respuesta a publicaciones en redes sociales que, según acusó el jefe comunal, buscan desacreditar su gestión.

El grupo es administrado por él y, al menos, otras nueve personas (algunos funcionarios entre ellas) y ya acumula más de mil integrantes: todos agregados individualmente. La lista la conforman funcionarios, dirigentes vecinales, periodistas e incluso un diputado. Nadie puede hablar, sólo los administradores.

El sábado, 11 de octubre, el alcalde saludó a los integrantes de su canal de comunicación explicando:

«(Desde) hace algún tiempo, el municipio es constantemente cuestionado por algunos medios de comunicación informales que ponen en duda la integridad de los funcionarios, la gestión y del mismo alcalde, difunden información falsa y tergiversada para generar una sensación de inestabilidad o ausencia de probidad pese a que, hasta ahora, las resoluciones de Contraloría y las judiciales han sido siempre favorables a esta administración».

Y continuó. «Este grupo es una nueva forma de comunicación que pretende transmitir información veraz y efectiva a la comunidad y estará abierto a cualquier persona que quiera participar en él, por supuesto, la participación es completamente voluntaria».

Hasta ahora, los mensajes se han remitido a replicar publicaciones en redes sociales de la cuenta oficial del municipio, adjuntar reportes de emergencia y una invitación a una actividad vecinal.

Las explicaciones del municipio

El grupo fue creado desde el celular personal del alcalde Méndez, pero tiene como foto el logotipo municipal y su descripción dice «Medio de difusión de información municipal fidedigna y verificada». 

Consultado al respecto por LA FONTANA, el municipio recalcó que «es un canal creado por el alcalde, el que tiene el objetivo de ser un canal de difusión que busca informar a la comunidad de noticias municipales certeras, validadas y en lógica con lo informado en redes sociales municipales».

Sin embargo, la afirmación contradice uno de los principios fundamentales del Periodismo y la libertad de expresión a nivel mundial: las autoridades no deben estar a cargo de la emisión de noticias, no les corresponde, es una intromisión a la labor de la prensa.

La Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, declara que este tipo de canales son «instrumentos de difusión de propaganda y mensajes directamente elegidos por autoridades políticas. Existe una incompatabilidad entre este mecanismo y los principios de pluralismo, libre formación de la opinión pública y diversidad de voces».

De hecho, lo que hace que un medio de comunicación pueda informar verazmente, recalca la UNESCO, es que pueda «garantizar la independencia editorial, y protegerlas del control de uno o más grupos políticos o sociales».

No hay acciones legales contra las acusaciones

Respecto a las acusaciones del alcalde (información falsa y tergiversada publicada por medios de comunicación informales), el municipio explicó a LA FONTANA que no ha tomado ninguna acción legal al respecto, ya que «esta administración cree que la forma de combatir la desinformación es, justamente, informando de manera clara y transparente».

Sin embargo, los hechos descritos por el jefe comunal pueden tipificarse como delitos a través de dos cuerpos legales. Por una parte, los llamados delitos de honor, injurias o calumnias, tipificados en el Código Penal. Por otra, la Ley N°19.733 también llamada Ley de Prensa.

Dicha legislación contiene varios mecanismos relativos al honor, la reputación y el derecho a la rectificación. El primero está contenido en su Artículo 1 que señala que la libertad de informar (ya sea de un medio o una persona) no puede separarse de «la responsabilidad de responder de los delitos y abusos que se cometan en su ejercicio«.

Por otro lado, si un medio o una persona natural publica información falsa o errónea, la ley obliga a rectificar si el afectado así lo solicita. El medio está obligado a publicar la aclaración o rectificación gratuitamente, y en un plazo y formato específicos para garantizar que tenga la misma visibilidad que la información original.

Si tras esa solicitud, el medio o persona insiste en no rectificar, será sancionado con multas y el afectado puede recurrir al Juzgado de Garantía a dejar constancia de la situación.

Esta ley no sólo rige para medios constituidos legalmente, como LA FONTANA, sino para cualquier persona que desee hacer ejercicio de su libertad de opinar o informar, lo que incluye a páginas de redes sociales, como las que apunta al alcalde.