El municipio de San Carlos (Región de Ñuble) informó este miércoles 15 de octubre que, de un total de 60 procesos judiciales civiles y laborales revisados durante 2025, ha obtenido resultados favorables en 39 causas.
Así lo detalló la Dirección Jurídica Municipal, entidad que cifró en 3.880 millones de pesos el monto que el municipio evitó pagar producto de los juicios ganados.
El monto corresponde a demandas económicas que la casa edilicia logró revertir, recursos que —de haberse perdido los litigios— deberían haberse destinado al pago de indemnizaciones, multas o compensaciones a los demandantes.
La revisión incluyó 18 causas civiles y 42 laborales, tramitadas en distintos tribunales del país. En el ámbito civil, el municipio obtuvo 11 resultados favorables, 4 desfavorables y 3 sin resolución o sin impacto financiero.
En el área laboral, en tanto, se registraron 28 resultados favorables, 11 desfavorables y 3 con saldo negativo por compensación. De todo esto, eso sí, la casa municipal no entregó más detalles ni las causas que le llevaron a la Justicia.
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Según el balance jurídico, las causas civiles que resultaron favorables evitaron el desembolso de 2.753 millones de pesos, mientras que las laborales impidieron pagos por 1.127 millones de pesos. Los juicios perdidos, en tanto, implican un compromiso económico de 464 millones de pesos.
La directora del Departamento Jurídico, Alejandra Riquelme, explicó que cada expediente fue analizado en función de su mérito y antecedentes disponibles. «La estrategia de defensa jurídica aplicada durante estos años no sólo ha permitido proteger recursos públicos, sino establecer un precedente», dijo.
Además, añadió que la revisión permitió detectar eventuales responsabilidades administrativas y actualizar procedimientos internos.
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Municipio busca recuperar lo gastado en los juicios
La Municipalidad informó que se iniciarán acciones legales para recuperar las costas procesales derivadas de los juicios ganados. Además, se implementarán procedimientos administrativos internos orientados a corregir prácticas que podrían afectar el uso de recursos públicos.
En Chile, las costas procesales corresponden a los gastos judiciales que un tribunal puede ordenar pagar a la parte vencida, según el Código de Procedimiento Civil. Las acciones anunciadas se enmarcan en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que regula la responsabilidad financiera y la administración patrimonial de los gobiernos locales.
