América Latina y el Caribe concentran cerca de un tercio del agua dulce del planeta, pese a albergar poco más del 8% de la población mundial. Esa abundancia, sin embargo, convive con una distribución desigual del recurso, deficiencias estructurales en su gestión y una presión creciente del cambio climático. Ciudades como Lima, Ciudad de México y São Paulo enfrentan estrés hídrico crónico, mientras amplias zonas rurales del istmo centroamericano pierden productividad agrícola de forma recurrente.

En ese contexto surge el bono azul, un instrumento financiero diseñado para canalizar capital internacional hacia la protección de los océanos, la gestión sostenible del agua dulce y la preservación de ecosistemas marinos y costeros. Su aparición no responde a una tendencia pasajera, sino a una necesidad estructural vinculada a la seguridad hídrica y al desarrollo económico regional.

El bono azul es un valor de deuda cuyo rasgo distintivo es el uso exclusivo de los fondos en proyectos relacionados con el agua y los océanos. Forma parte del universo de los bonos verdes, pero con un enfoque temático más acotado, alineado principalmente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 y 14 de Naciones Unidas.

A diferencia de la deuda convencional, estos instrumentos exigen trazabilidad estricta del destino de los recursos y reportes periódicos auditados que acrediten su impacto ambiental. Esta exigencia permite atraer a inversionistas institucionales con mandatos ESG, interesados en activos sostenibles con impacto verificable.

BID Invest y la arquitectura del mercado azul

En América Latina, la adopción del bono azul responde a un escenario crítico. Se estima que 150 millones de personas viven en zonas con escasez de agua, y más de 160 millones no acceden a agua segura. En el Caribe, la elevación del nivel del mar y la intrusión salina amenazan acuíferos y zonas costeras, base de la actividad turística.

La región ha registrado además pérdidas económicas por sequías cercanas a US$ 13 mil millones en las últimas dos décadas, lo que convierte el riesgo hídrico en un factor fiscal y productivo de primer orden.

En este escenario, BID Invest, brazo del sector privado del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, ha desempeñado un rol central en la creación y consolidación del mercado de bonos azules. Su elevada calificación crediticia internacional le permite captar recursos en condiciones favorables y canalizarlos hacia proyectos que, de otro modo, enfrentarían severas restricciones de financiamiento.

Para resguardar la credibilidad del instrumento, BID Invest estableció en 2021 un Marco de Deuda Sostenible, alineado con los Principios de Bonos Verdes y Sociales de la ICMA. Este marco define criterios de elegibilidad, procesos de evaluación y selección, mecanismos de gestión de los ingresos y obligaciones de reporte de impacto, reduciendo el riesgo de bluewashing.

Del primer bono azul a estructuras con incentivos

El primer hito se concretó el 4 de noviembre de 2021, durante la COP26 en Glasgow, con la emisión del primer bono azul de América Latina y el Caribe. La operación ascendió a 50 millones de dólares australianos, con un plazo de 10 años y una tasa fija de 2,2%.

La elección del dólar australiano respondió a una estrategia de diversificación de fondeo y al atractivo de un mercado con inversionistas altamente sensibilizados con la sostenibilidad. Mediante instrumentos derivados, los recursos fueron posteriormente convertidos a dólares estadounidenses para su uso en la región.

Los fondos se destinaron a proyectos de agua potable y saneamiento, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios básicos y reducir la contaminación de ríos y mares. Desde BID Invest se subrayó entonces que la economía azul podía transformarse en un motor de desarrollo inclusivo y resiliente.

La experiencia reveló además una fuerte conexión con inversionistas japoneses, en particular aseguradoras de vida que buscan activos AAA, retornos superiores a los de su mercado doméstico y alineación con compromisos de responsabilidad ambiental.

La sofisticación del instrumento avanzó en 2023 con la estructuración del primer bono azul con incentivos vinculados a desempeño, emitido por el Banco Bolivariano de Ecuador con apoyo de BID Invest y FinDev Canada. La operación, por US$ 80 millones, incorporó metas de sostenibilidad cuyo incumplimiento conlleva penalidades financieras.

Entre los objetivos se incluyó la adopción de los principios del TNFD, elevando los estándares de transparencia ambiental y gestión de riesgos relacionados con la naturaleza en el sistema financiero local.

Expansión regional e impacto medible

Los recursos del bono ecuatoriano se orientaron a sectores estratégicos como la acuicultura sostenible y la gestión de aguas residuales y residuos sólidos, con impacto directo en la reducción de la contaminación marina y en la competitividad de exportaciones clave.

La expansión continuó en 2024 con la emisión del primer bono azul de Costa Rica, por US$ 50 millones, en alianza con el Banco Nacional. La operación incluyó no solo financiamiento, sino también asistencia técnica para desarrollar una taxonomía azul y un marco de financiamiento sostenible.

Según los informes de asignación e impacto de BID Invest, los proyectos financiados han permitido mejorar el acceso a agua y saneamiento de cientos de miles de hogares y tratar cientos de millones de metros cúbicos de aguas residuales, evitando descargas contaminantes en ecosistemas acuáticos.

A cuatro años del primer bono azul regional, el instrumento dejó de ser una experiencia piloto para consolidarse como una herramienta financiera en expansión. En un contexto de creciente presión climática, el bono azul se posiciona como un mecanismo para convertir la urgencia hídrica de América Latina y el Caribe en proyectos financiables, con impacto verificable y de largo plazo.