En la Región de Ñuble, se realizó la entrega oficial de más de 30 carpetas de calificación a familiares de víctimas de desaparición forzada y ejecución política. Así lo informó la Seremi de Justicia este martes, 23 de diciembre.
Según lo informado, la ceremonia de entrega ocurrió esta semana como parte del Plan Nacional de Búsqueda. Estos documentos pertenecen a personas afectadas por la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990.
¿Qué contienen las carpetas? Reúnen documentación producida por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El archivo incluye antecedentes personales, testimonios e informes administrativos que permitieron la calificación oficial de las víctimas.
Este conjunto documental forma parte del archivo custodiado por el Programa de Derechos Humanos. En el año 2022, el Consejo de Monumentos Nacionales declaró estos expedientes como Monumento Nacional en categoría histórica. Dicha distinción reconoce el valor simbólico de los registros para la memoria de Chile.
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Búsqueda de desaparecidos también es responsabilidad del Estado
Hasta la fecha, gran parte de esta documentación se mantenía bajo reserva para el público. El Gobierno de Chile propicia ahora su apertura por considerar estos escritos como patrimonio de cada familia afectada.
El Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristopher Reyes Bórquez, señaló que “este acto trasciende lo administrativo: es un gesto de memoria, reconocimiento y compromiso con los derechos humanos”.
La autoridad regional explicó que las comisiones de verdad investigaron estas graves violaciones durante la transición democrática. El trabajo fue posible gracias a la valentía de las familias y organizaciones civiles, destacaron las autoridades.
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El Estado impulsa actualmente el Plan Nacional de Búsqueda como una responsabilidad permanente de las instituciones. Según el representante de la cartera, esta política busca que la labor no sea una carga exclusiva de los parientes.
La Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Ñuble consideró la actividad como una medida de reparación para sus miembros. La organización recibió información que anteriormente fue entregada a los tribunales de justicia por los propios afectados.
La presidenta de la agrupación señaló que “el acto mismo de la entrega reivindica la memoria de nuestros familiares y la permanente búsqueda de justicia”.
El procedimiento administrativo se ajusta a las directrices de derechos humanos establecidas por el Ministerio de Justicia. Las familias calificadas podrán custodiar ahora estos testimonios y resoluciones oficiales de manera directa.
