“Los incendios siguen y van a seguir con mucha fuerza, no solamente este año, a pesar de las diversas acciones preventivas que implementamos”. Con estas palabras, el Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, advirtió sobre la imposibilidad de frenar estas catástrofes sin cambios legales profundos.
La autoridad regional indicó que el Gobierno Regional (GORE) invirtió cerca de $15.000 millones durante el año pasado en medidas de mitigación. Estos recursos se destinaron a maquinaria, cortafuegos, vías de evacuación y refuerzos para Bomberos.
Sin embargo, Crisóstomo calificó estos esfuerzos como insuficientes debido a una «falla estructural» del sistema chileno. Según el gobernador, el problema radica en la legislación actual de planificación territorial y la regulación del uso del suelo.
El jefe regional apuntó a la «convivencia irregular entre las forestales y las viviendas» como el núcleo del conflicto. Recordó los siniestros de 2023, que costaron cientos de vidas, para enfatizar la urgencia de soluciones definitivas.
En esa línea, la autoridad emplazó al Congreso para agilizar dos iniciativas legales pendientes. Se trata de la Ley de Incendios y la Ley de Parcelaciones, también conocida como de Protección del Territorio y la Vida Rural.
Según explicó Crisóstomo, estas normativas son necesarias para establecer reglas claras de prevención y ordenar el crecimiento residencial en zonas rurales. «Quiero invitar al Parlamento a que puedan hoy trabajar con urgencia ambas leyes«, declaró.
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Retraso en el Plan de Ordenamiento Territorial
Otro punto crítico expuesto por la autoridad es la situación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). Este instrumento lleva cinco años detenido, desde 2021, a la espera de su reglamento.
El PROT es una herramienta estratégica que define el uso del suelo a nivel regional. Integra factores productivos, ambientales y de riesgo, como los incendios forestales, para la toma de decisiones.
Actualmente, este plan no ha sido aprobado ni publicado oficialmente para la Región de Ñuble. El reglamento necesario para su elaboración ha ingresado y salido múltiples veces de la Contraloría General de la República sin obtener la toma de razón.
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La ausencia de este reglamento impide a los gobiernos regionales implementar planes territoriales vinculantes. Esto debilita la planificación preventiva y obliga a actuar de manera fragmentada ante las emergencias.
El gobernador solicitó al Ejecutivo y al ente contralor agilizar este trámite administrativo. «El plan regional de ordenamiento territorial tiene que salir ya de Contraloría», sostuvo la autoridad.
Finalmente, Crisóstomo dirigió un mensaje a la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA). Criticó que el gremio se reuniera con la Contralora para manifestar discrepancias con el PROT sin dialogar con los gobiernos regionales.
El gobernador invitó al sector privado a trabajar con transparencia. “La invitación a la SOFOFA es a ser parte de la solución”, concluyó.













