La medida cautelar de prisión preventiva fue decretada en contra de un hombre de nacionalidad colombiana en la Región de Ñuble. El imputado fue formalizado por el delito de porte ilegal de arma de fuego, según informó la Fiscalía este miércoles, 28 de agosto.
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantía de Chillán, tras acoger los argumentos presentados por el Ministerio Público. Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el sujeto fue detenido tras un procedimiento policial que incluyó un seguimiento controlado por diversas calles de la ciudad.
El hecho ocurrió cuando el imputado viajaba como copiloto en un automóvil particular. El conductor del móvil no respetó un signo Pare ubicado en la intersección de Avenida Los Puelches con el Pasaje 18. Esta infracción fue detectada en la población Irene Frei, lo que motivó la intervención de los funcionarios de Carabineros.
Durante el seguimiento para la fiscalización, los efectivos policiales observaron una maniobra clave del acompañante. El imputado arrojó un revólver por la ventana del vehículo en movimiento, acción que fue advertida directamente por los uniformados.
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Peligro de fuga y situación migratoria
La persecución finalizó cuando el conductor perdió el control del automóvil y colisionó contra un furgón que se encontraba estacionado. Tras el accidente, el ciudadano extranjero intentó huir del lugar, pero fue capturado por los funcionarios policiales a los pocos metros.
La fiscal de Chillán, Mary Carmen Farías Valenzuela, señaló que “la Fiscalía planteó la necesidad de decretar la medida cautelar de prisión preventiva por constituir la libertad del imputado un peligro para la seguridad de la sociedad”.
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El persecutor penal argumentó ante el tribunal que existe un evidente peligro de fuga. El imputado se encuentra en el país de forma irregular y, además, mantiene una orden de expulsión vigente. Estos antecedentes fueron determinantes para que el tribunal accediera a la petición de la Fiscalía.
Sobre el arma recuperada, la fiscal Farías Valenzuela señaló que “el imputado no contaba con ninguna autorización para el porte de aquel”.
El tribunal ordenó el ingreso del imputado al recinto penitenciario y estableció un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
