La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección por los persistentes malos olores en la intercomuna de Chillán y Chillán Viejo (Región de Ñuble).
La acción judicial, interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Chillán, busca suspender provisionalmente un plantel de cerdos. Esta medida pretende proteger la salud de los vecinos de ambas comunas.
«Amenaza derechos fundamentales»
El jefe regional del INDH, Jorge Bustos, afirmó: “Como institución autónoma tenemos el deber de actuar cuando se ven amenazados derechos fundamentales».
Precisamente, el derecho «a vivir en un medio ambiente libre de contaminación» es un derecho humano fundamental, reconocido internacionalmente (por la ONU en 2021) y garantizado constitucionalmente en Chile (en el artículo 19 N°8).
El requerimiento legal exige instrucciones específicas para la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ante la amenaza sanitaria. El organismo estatal deberá ejecutar acciones preventivas y elaborar un informe detallado sobre el cumplimiento normativo de las instalaciones.
INDH pide que Minsal tome muestras del aire
La ofensiva incluye también peticiones directas para que la Seremi de Salud de Ñuble tome muestras ambientales en el sector. Este estudio determinará los componentes contaminantes y los eventuales riesgos asociados para la población local afectada por los episodios.
El integrante del Comité Ambiental de Chillán Viejo, Carlos Venegas, afirmó que “es urgente e indispensable legislar, para construir un marco normativo que garantice la salud y la calidad de vida de las personas, de lo contrario, las fiscalizaciones seguirán siendo insuficientes”.
Sólo en enero se registraron 14 denuncias
Durante enero de 2026, la autoridad sanitaria registró 14 denuncias formales por los episodios de contaminación odorífera en la zona. Ante esto, los funcionarios fiscalizadores inspeccionaron tanto el plantel porcino como la planta de tratamiento de aguas servidas Essbio.
La tramitación del escrito busca implementar medidas a largo plazo para salvaguardar el entorno de los residentes afectados. El objetivo final propone establecer un plan de seguimiento periódico con la obligación legal de informar a los tribunales. Eso sí, todo deberá ser determinado por la Justicia.,
