Más de mil archivos con material pornográfico infantil fueron incautados en Chillán (Región de Ñuble). Según detalló este viernes, 20 de marzo la Fiscalía, el sujeto de 29 años fue detenido la noche del jueves 19 por la Brigada del Cibercrimen de Concepción.
Los antecedentes exponen que el involucrado mantenía y difundía imágenes de menores de edad. El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla Rodríguez, indicó que “se tenían antecedentes de que un sujeto almacenaba y distribuía material pornográfico de niños, niñas y adolescentes”.
La autoridad detalló el procedimiento policial, el cual permitió confiscar equipos celulares y tarjetas SD. Estos dispositivos tecnológicos, revisados por los detectives, portaban el contenido cuestionado que fue recopilado por el aprehendido.
El persecutor penal afirmó que “se logró encontrar que el sujeto almacenaba por lo menos más de 1000 archivos de material pornográfico infantil”.
La indagatoria acreditó que una parte de dichos registros audiovisuales eran distribuidos directamente por el acusado. El material incautado, compuesto por diversas fotografías y videos, evidenció la difusión concreta de los elementos.
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Justicia rechazó de prisión preventiva
Tras concretar la detención del hombre, el ente persecutor formalizó los cargos ante el sistema judicial. El fiscal señaló que “se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva”. La petición institucional se fundamentó en que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Pese a la solicitud expuesta por los acusadores, el magistrado respectivo desestimó decretar la privación de libertad. La determinación judicial, emanada tras analizar los antecedentes, se adoptó al constatar en la audiencia dos circunstancias atenuantes.
Sobre la resolución del Juzgado de Garantía de Chillán, el fiscal Bobadilla, dijo que “por el momento se decretó en su contra la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo nacional”.
Además de la prohibición estricta para abandonar el territorio nacional, el juzgado otorgó un plazo investigativo. Este periodo establecido para las indagatorias oficiales quedó fijado en cuatro meses.
