El Juzgado de Garantía de Chillán (Región de Ñuble) decretó prisión preventiva para dos imputados por robo con violencia. La medida judicial recae específicamente sobre un hombre y una mujer acusados de asaltar a una víctima para robar un millón de pesos y un teléfono celular. Así lo informó la Fiscalía este lunes, 30 de marzo.
El delito ocurrió cerca de las 12:30 hrs. del pasado 20 de febrero. Los imputados abordaron a un transeúnte que caminaba por calle Cocharcas, cerca de calle Yerbas Buenas. Los individuos, que actuaron junto a una tercera persona, botaron al suelo al afectado.
Posteriormente, los agresores golpearon a la víctima con un martillo en la cabeza y un brazo. Además, los asaltantes amenazaron al hombre con un cuchillo para concretar la sustracción del dinero. El ataque causó lesiones de carácter menos graves en el cuerpo de la persona asaltada.
El fiscal de Chillán, Florentino Bobadilla Rodríguez, señaló que «existen grabaciones que dan cuenta de la dinámica del hecho«. El persecutor añadió que «el tribunal efectivamente comparte los criterios del Ministerio Público porque da por acreditada la existencia del delito y la participación de ambos imputados»
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Hay un tercer detenido
Las diligencias desarrolladas por Carabineros de Chile permitieron la captura inicial de un tercer implicado. Por estos mismos hechos, la policía uniformada ya había detenido a otro hombre. El sujeto fue formalizado el mismo día del asalto por el delito de robo con violencia.
El coimputado, que permanece privado de libertad, cumple actualmente con la medida cautelar de prisión preventiva. Las investigaciones posteriores de la Fiscalía Local de Chillán lograron identificar a los otros dos responsables. El proceso sumó grabaciones en video que muestran las características físicas de los asaltantes.
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El ente persecutor expuso los antecedentes recopilados ante el Juzgado de Garantía de Chillán. La autoridad argumentó que la libertad de los acusados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. La solicitud privativa de libertad, que se fundamenta en la necesidad de cautela, fue acogida por el tribunal.
El tribunal respectivo determinó mantener el tiempo fijado originalmente para indagar el caso judicial. El plazo de tres meses para la investigación rige desde el 21 de febrero pasado.
