Ricardo Sánchez Opazo es, actualmente, exdirector del Servicio de Salud Ñuble, ya que estuvo en el cargo hasta marzo de 2022. Pero su desvinculación no estuvo exenta de polémica y un fallo de la Corte de Santiago podría cambiar el panorama.
Sánchez llevaba más de 10 años trabajando en el Servicio de Salud. En marzo de 2020 contrajo COVID-19, virus catalogada como profesional, al haberse contagiado en el ejercicio de su trabajo. Estuvo casi un mes hospitalizado, según consigna Diario Constitucional.
En marzo de 2022, aún con licencia, fue desvinculado de la dirección del Servicio de Salud Ñuble. ¿La razón? Una petición de renuncia no voluntaria por parte del Ministerio de Salud de la actual administración Boric.
La solicitud de renuncia
Fue el 25 de marzo. Al conectarse a una reunión en la plataforma Zoom, se encontró con quien se identificó como el Jefe de Gabinete del área de salud, el doctor Jiménez.
Según sostiene la documentación de la Corte, le dijeron que «ellos son un Gobierno nuevo que vienen a hacer las cosas diferentes y que por tal razón es necesario pedirle el cargo, razón por la cual le solicita su renuncia no voluntaria inmediata invocando la causal de pérdida de confianza«.
Durante la instancia, se le comunicó además que tenía un plazo de 48 horas para remitir su renuncia no voluntaria, para lo cual le enviarían un correo con una carta tipo que tenía que firmar, y que si esta renuncia no se remitía en las 48 horas siguientes, el cargo lo declararían vacante.
El ahora exdirector detalló que el funcionario que le solicitó la renuncia «no tenía las competencias para ello», por lo que desde el Ministerio le enviaron una carta desde la Subsecretaría, y luego le llegó una misiva de la Ministra de Salud.
Lo que resolvió la Corte
La Corte de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por Sánchez en contra del Ministerio de Salud. «Se ha incurrido por el recurrido en un acto ilegal y arbitrario que afecta y amenaza los derechos consagrados en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Política», se lee en parte del fallo.
En otras palabras, el órgano judicial expresa que la acción del Gobierno, en marzo de 2022, no se apegó a la ley, y por tanto la renuncia voluntaria no debió haber ocurrido.
