Municipio confirmó investigación

PDI ingresa a Municipalidad de Cobquecura por investigación de corrupción

Se trata de una orden de entrada, registro e incautación a la casa municipal relacionada con el caso de San Ignacio y Ñiquén. Horas más tarde, el alcalde salió a dar explicaciones.
Entrada a la Municipalidad de Cobquecura. Fotografía de archivo.
Entrada a la Municipalidad de Cobquecura. Fotografía de archivo.

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La mañana de este miércoles, 3 de mayo, la Policía de Investigaciones ingresó a la Municipalidad de Cobquecura (Región de Ñuble) tras una orden de entrada, registro e incautación del Juzgado de Garantía de Bulnes.

Según precisó la Fiscalía Regional de Ñuble, la orden se justifica en la actual investigación por corrupción que lidera la fiscal de Chillán, Nadia Espinoza, en distintos municipios de la zona.

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Por la misma investigación, hay dos jefes comunales de la Región de Ñuble que permanece con medidas cautelares. Se trata del alcalde de San Ignacio, César Figueroa, que se mantiene en prisión preventiva, y el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino, que está con arresto domiciliario.

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Respuesta municipal

Horas más tarde, la Municipalidad de Cobquecura emitió un comunicado público, en el que detalló que “siempre ha sido nuestra actitud la colaboración con los entes judiciales”.

Al mismo tiempo, la casa municipal precisó que “hace un par de años atrás ocurrió algo similar en indagaciones y causas judiciales de la anterior administración”.

A través del comunicado, el municipio confirmó que se trata de la misma investigación que mantiene a los alcaldes de San Ignacio y Ñiquén con medidas cautelares. “Se indagan antecedentes de todos los municipios que han contraído contratos de servicios con la empresa consultora que es materia de investigación”, aseveró la administración.

Empresa de asesorías

Según asegura el alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, su municipio tiene contrato desde el año 2017 con dicha empresa y no tenían antecedentes por ilícitos.

“El contrato con la empresa constructora implica un pago mensual de $165.000 que se cancela en base a los intereses que se obtienen del contrato con la entidad bancaria que administra los recursos fiscales municipales”, enfatizó la autoridad.

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