Fue formalizado en abril

Alcalde de San Ignacio seguirá en prisión preventiva por Caso “Cuentas corrientes”

La defensa del edil recurrió a la Corte de Apelaciones, tribunal que este lunes ratificó la medida cautelar en su contra.
Fotografía oficial del alcalde de San Ignacio: Municipalidad.
Fotografía oficial del alcalde de San Ignacio: Municipalidad.

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La Corte de Apelaciones de Chillán (Región de Ñuble) confirmó la prisión preventiva del alcalde de San Ignacio, César Figueroa Betancourt, este lunes 25 de septiembre.

El edil está siendo investigado por el Ministerio Público por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, falsificación de instrumento público y malversación de caudales públicos. Fue formalizado en abril de este año.

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En el mismo caso está involucrado el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, quien está con arresto domiciliario hace medio año.

En el caso de San Ignacio, estos ilícitos estarían vinculados a licitaciones de cuentas bancarias realizados en el municipio durante 2022.

La Primera Sala del tribunal de alzada ratificó la decisión del Juzgado de Garantía de Bulnes, que lo derivó al  Centro Penitenciario de Chillán.

Fue una decisión unánime, de los ministros Érica Pezoa, Claudio Arias y el fiscal judicial, Solón Vigueras.

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El fallo señala que “no se configuran (…) antecedentes que permitan sostener que han variado las circunstancias tomadas en consideración al disponer la medida cautelar“.

La investigación reveló que el alcalde Figueroa habría colaborado con el empresario Rodrigo Andrés Carmona Olivares. Esto, para adjudicar de manera irregular procesos de licitación de cuentas bancarias de la Municipalidad de San Ignacio.

Cohecho y malversación de fondos públicos

El cohecho es un delito que implica la recepción de sobornos por parte de unfuncionario. Esto, para realizar, omitir o retrasar algún acto relacionado con sus funciones.

Es una práctica que socava la confianza en las instituciones y puede tener graves consecuencias para la administración pública y la sociedad en general.

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Por otro lado, la malversación de caudales públicos se refiere al uso indebido o desvío de fondos públicos por parte de un funcionario responsable de su administración. Este delito compromete la integridad de las finanzas públicas y puede afectar la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía.

Ambos delitos, dada su naturaleza, son considerados gravísimos y pueden conllevar significativas sanciones penales.

Presunta inocencia

El artículo narra un proceso judicial aún en curso. Los acusados no deben considerarse como condenados hasta que el Poder Judicial determine lo contrario.

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