Un abogado y dos consejeros de Ñuble, Lorena Jardua (UDI) y Cristián Quilodrán (Indep.), presentaron una querella criminal en contra del Gobierno Regional y funcionarios del Gobierno central. El documento fue presentado el pasado 28 de junio ante el Juzgado de Garantía de Chillán.
La querella es por presuntos delitos que habrían cometido funcionarios, incluyendo al gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, y al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en su calidad de exsubsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo. Todo esto, en el marco de la llamada «arista Procultura» del Caso Fundaciones.
La querella apunta a seis personas: Óscar Crisóstomo, Alicia Contreras, Osvaldo Alcayaga, María Gómez, Miguel Crispi y la Fundación ProCultura. Se les acusa de fraude al fisco, tráfico de influencias, desfalco, apropiación indebida y evasión de impuestos. Los querellantes presentaron documentos para respaldar estas acusaciones.
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Acusan pago de sobreprecios
La acción judicial destaca posibles irregularidades en contratos firmados por el Gobierno Regional del Ñuble con ProCultura, específicamente para un encuentro binacional.
Este evento fue revisado por la Contraloría General de la República, que habría detectado irregularidades. Según la querella, ProCultura subcontrató servicios a Consultora y Productora Esquerré Limitada, pagando sobreprecios sin autorización.
Un aspecto relevante mencionado en la querella es la adquisición de cuadernos, lápices, señaléticas, poleras, bolsas, lienzos, impresiones, credenciales, lanyards y regalos corporativos por un valor de $10 millones.
Estos artículos fueron gestionados por la empresa Esquerré, lo cual generó sospechas de sobreprecios y posibles irregularidades en los procedimientos.
Como antecedente, se menciona un contrato similar en la Región del Biobío. En este caso, ProCultura obtuvo un convenio por $2.553 millones con el GORE, aprobado en un proceso de poco más de 27 días.
«Esto se tiene que poner ante la Justicia»
Según cita El Desconcierto, la consejera UDI Lorena Jardúa aseguró que, primero, se pusieron en contacto con un abogado para analizar el informe de Contraloría. «Nuestra labor es fiscalizadora (…) tomando conocimiento, esto se tiene que poner ante la Justicia», aseguró.
Sin embargo, ya hay una arista penal en curso. Se trata de una investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Regional de Aysén y que, en dos ocasiones, ha realizado allanamientos e incautaciones al GORE Ñuble.
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La querella presentada estos días, solicita diligencias investigativas y una demanda civil para esclarecer los hechos. Se apoya, explican los querellados, en el informe contralor que cuestiona el evento binacional.
Puedes acceder a la querella completa presentada ante el Poder Judicial haciendo clic aquí.
Defensa del PS
El Partido Socialista del Ñuble defendió al gobernador Crisóstomo, reiterando que ya existe la investigación por parte del Ministerio Público.
«Ante esta ofensiva, ya existe una investigación en curso por parte de Fiscalía en relación con el caso ProCultura, y el gobernador Crisóstomo ha actuado de buena fe, poniendo a disposición toda la información requerida por el ente persecutor para aclarar los hechos«.
Además, acusaron a los querellantes de tener motivaciones electorales. En esa línea, el medio El Desconcierto confirmó que Jardua es una de las posibles cartas al Gobierno Regional.
