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Se vulneró su integridad física y psíquica

Municipalidad de San Ignacio deberá pagar $6 millones a funcionaria por acoso laboral

La Justicia acreditó los hechos y también exigió disculpas públicas municipales. Revisa acá el fallo judicial.
Frontis de la Municipalidad de San Ignacio. Foto de archivo.
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Un total de $6 millones deberá pagar la Municipalidad de San Ignacio (Región de Ñuble) a una trabajadora, quien sufrió acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales.

Así lo resolvió el Juzgado de Letras de Bulnes, que acogió la demanda de la coordinadora comunal del Programa de Integración Escolar. El organismo determinó que la trabajadora fue víctima de acoso laboral por parte de la subdirectora de DAEM, Cecilia Pradenas.

Según el fallo, «se vulneran estos derechos cuando en el ejercicio de las facultades, que la ley le reconoce al empleador, se limita el pleno ejercicio de aquellos respecto de los trabajadores, sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial».

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El comunicado judicial, asimismo, revela que la trabajadora fue reasignada a funciones que no correspondían a su cargo original, sin previo acuerdo.

Este cambio fue calificado como irracional y desproporcionado, resultando en un castigo para la demandante en lugar de una solución.

El fallo concluye que el municipio deberá indemnizarla por daño moral, además de los intereses y reajustes conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

Asimismo, se ordena la reincorporación de la trabajadora como coordinadora del Programa de Integración Escolar o en un cargo similar, con la misma carga horaria completa que tenía anteriormente.

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Municipalidad deberá pedir disculpas públicas

Además, la Municipalidad deberá publicar una declaración visible en el departamento de educación de la comuna, disculpándose con la trabajadora.

Cecilia Pradenas, en tanto, deberá asistir a una capacitación en materia de derechos fundamentales y acoso laboral.

La trabajadora, cuya identidad no fue revelada, recibió un diagnóstico de enfermedad profesional de origen laboral debido al acoso sufrido.

El informe psicológico del 11 de agosto de 2023, presentado en el juicio, destaca que la trabajadora fue dada de alta por la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad) sin asegurar condiciones laborales libres de agentes de riesgo psicolaborales.

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