La implementación del voto obligatorio en las elecciones municipales de octubre de 2024 (ya a la vuelta de la esquina) transformará estos comicios en una evaluación directa del desempeño de los actuales alcaldes.
Por primera vez en la década, los ciudadanos acudirán masivamente a las urnas municipales manera obligada, lo que pone en juego no sólo la reelección de estos políticos, sino también la confianza que las comunidades depositan en sus autoridades locales.
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La introducción del voto obligatorio implica un cambio drástico en la dinámica electoral y exige que los alcaldes se preparen para enfrentar un electorado mucho más amplio y diverso que en elecciones anteriores.
Uno de los impactos más claros es el incremento en la participación ciudadana. Según datos del Servicio Electoral (Servel), la participación en comicios anteriores bajo el sistema de voto voluntario rondaba el 40% a nivel país.
Ahora, con la obligatoriedad del sufragio, se espera un aumento significativo. Para elegir a consejeros constitucionales, en 2023, votó un 63% a nivel nacional. Aunque este indicador es positivo, podría volverse en contra de los alcaldes que han ejercido su mandato de manera insuficiente.
Con un mayor número de votantes, la legitimidad de los resultados será innegable, pero también lo será la presión por demostrar resultados claros en la gestión municipal.
Alcaldes en la balanza
El desempeño municipal será uno de los puntos centrales en estas elecciones. En esta oportunidad, los alcaldes no podrán confiar en el apoyo de sus votantes habituales; la obligatoriedad del voto involucrará a segmentos de la población que antes se mantenían al margen del proceso electoral, aumentando la diversidad de opiniones y críticas.
Según un estudio de la Universidad de Chile, este tipo de participación masiva tiende a exponer las falencias de las administraciones locales. Los alcaldes deberán enfrentarse a votantes más informados y críticos, que aprovecharán la oportunidad para castigar una gestión insuficiente o deficiente.
El papel de la multa por no votar, de 0,5 UTM (cerca de $33,000), no es menor en este escenario. Este incentivo económico podría impulsar la participación de aquellos ciudadanos que de otro modo no se habrían acercado a las urnas.
Sin embargo, esto también significa que los alcaldes enfrentarán una masa electoral más descontenta o desinteresada en la política local, que ahora votará no por convicción, sino para evitar una sanción económica.
Esto podría resultar en una evaluación mucho más crítica de su gestión, especialmente si sus políticas no han tenido un impacto positivo en los sectores más rezagados.
Si a eso le sumamos la inestabilidad y manto de dudas que ha dejado el denominado Caso Cuentas Corrientes, que ha manchado a, al menos, tres alcaldías de Ñuble (Ñiquén, San Ignacio y Bulnes, cuyos alcaldes están con medidas cautelares).
Votante indiferente y desconfiado
El contexto político y social actual en Chile añade aún más peso a estas elecciones. La creciente desconfianza hacia las instituciones y los políticos hacen que las votaciones sean más que un simple ejercicio democrático; serán un reflejo del descontento acumulado por todo el periodo (si el electorado no ha quedado satisfecho).
Este fenómeno ha debilitado las estructuras políticas locales, y el voto obligatorio podría ser un intento de forzar una mayor rendición de cuentas por parte de los alcaldes.
Un punto relevante para entender el impacto de este cambio son los antecedentes de los plebiscitos de 2022 y 2023, donde el voto obligatorio movilizó a grandes sectores de la población para decidir sobre temas cruciales.
Las elecciones municipales de 2024 replicarán este fenómeno, pero con un enfoque en la gestión local. En este contexto, el voto obligatorio convierte estas elecciones en un referéndum sobre la gestión de los alcaldes.
En la Región de Ñuble, se han aprobado 61 candidaturas a alcalde, según información del Servel. De estas, 45 son hombres y solo 15 son mujeres, lo que refleja una desigualdad de género persistente en la representación política local, lo que también puede generar malestar.
El frente con más candidatos está en San Carlos, con 11 personas (incluyendo el actual alcalde) que desean hacerse con el municipio. Mientras, en el resto de la región el promedio es de sólo tres candidatos por comuna.
Con una participación más diversa y crítica, sumada a un contexto de desconfianza generalizada, los alcaldes deberán demostrar que han sido capaces de gestionar eficazmente sus comunas. De lo contrario, no sólo los nuevos votantes si no sus anteriores electores podrían decantarse por otra opción: porque hay varias.
