El Congreso Nacional discutirá la semana de este 3 de diciembre el proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública y establecer seremi en todas las regiones, incluyendo la de Ñuble.
La propuesta ha generado críticas debido a la posible duplicidad con las atribuciones de prevención ya asignadas a los Gobiernos Regionales. Es decir, dos cargos podrían querer realizar las mismas acciones -en este caso, repartir recursos para proyectos de seguridad-.
El Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, aseguró que el proyecto requiere modificaciones para evitar conflictos administrativos. Según el gobernador, la iniciativa genera más problemas que soluciones.
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“Es imperativo que desde las regiones volvamos a alzar la voz para pedirle a nuestros parlamentarios mayor sintonía y la defensa de nuestras comunidades”, afirmó.
El proyecto también ha sido cuestionado por no avanzar de manera integral con otras leyes relacionadas con la seguridad pública. Crisóstomo destacó que desde 2023 no ha habido avances en la ley que entrega competencias preventivas y de asistencia a víctimas a los Gobiernos Regionales.
El Gobernador enfatizó que se necesitan medidas que fortalezcan la acción local. “Necesitamos más fuerza en las regiones para combatir el narcotráfico y los delitos en el territorio, no una mayor presencia de funcionarios centrales”, señaló.
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Gobernador llamó la atención de parlamentarios
En relación con decisiones legislativas recientes, el gobernador criticó las últimas decisiones del Congreso han impactado negativamente a la ciudadanía. Mencionó la ley corta de Isapres y el descongelamiento de tarifas eléctricas como ejemplos de medidas que aumentaron costos para las familias.
“La ley corta de Isapres era necesaria, pero terminó perjudicando a la gente. Lo mismo ocurrió con el alza en el costo de la luz debido al descongelamiento de tarifas”, puntualizó.
Según destacó el GORE, varios expertos han advertido que la creación del nuevo ministerio podría incrementar los costos operativos y generar superposición de funciones.
Además, sostienen que los Gobiernos Regionales tienen capacidades para gestionar políticas preventivas si se avanza en las leyes ya presentadas al Congreso.
