Un proyecto de ley que busca obligar a las personas vinculadas al deporte, a denunciar delitos contra menores, fue aprobado de forma unánime en la Cámara de Diputados.
La medida tiene como objetivo prevenir la omisión de información en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, y será revisada por el Senado en las próximas semanas.
La normativa establece que dirigentes, entrenadores, árbitros y cualquier persona responsable de supervisar a menores en espacios deportivos deberán informar a las autoridades si presencian o tienen conocimiento de delitos.
Según el diputado por la Región de Ñuble e integrante de la comisión de Deportes y Recreación, Cristóbal Martínez, el proyecto responde a la urgencia de proteger a los menores en el deporte.
«Es fundamental que todos los antecedentes sean puestos a disposición de la justicia para erradicar cualquier conducta delictiva», indicó.
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Entre los antecedentes que motivaron la iniciativa se encuentra la denuncia de una violación grupal, delito que habría sido cometido por nueve jugadores juveniles del club Cobreloa.
Según los registros del caso, los dirigentes del equipo no informaron los hechos a la Fiscalía, lo que evidenció la falta de protocolos claros para abordar este tipo de situaciones en el ámbito deportivo.
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Incluirá delitos sexuales y relacionados a espacios deportivos
El proyecto contempla la obligación de denunciar no solo delitos sexuales, sino también cualquier crimen o falta que afecte a menores en contextos deportivos.
Además, busca equiparar la normativa del deporte con sectores como la educación y la salud, donde ya existe una regulación similar.
De aprobarse en el Senado, las organizaciones deportivas deberán implementar protocolos específicos para garantizar el cumplimiento de la ley.
Martínez también enfatizó que «el deporte es un espacio de recreación donde los menores deben sentirse seguros. No es un lugar para la intranquilidad ni el riesgo”, expresó.
La iniciativa busca generar confianza en las instituciones deportivas, prevenir futuros casos de omisión y establecer responsabilidades legales claras para quienes trabajen con menores.
