Durante la semana del 14 de marzo, decenas de hogares de San Carlos (Región de Ñuble) recibieron una notificación municipal sobre el retraso en los pagos por el servicio de retiro de basura a domicilio. Se trata de los llamados «derechos de aseo», que cada municipio debe cobrar a casas que superen un avalúo de 225 UTM o más.
¿El drama? Hace años que no llegaban los cobros. Algunos, incluso, podrían datar desde el año 2018. Esto, además que aumentar el monto a cobrar, incluye también multas por retraso en los pagos. Apenas llegaron las notificaciones, decenas de vecinos reclamaron al municipio.
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El viernes, 14 de marzo, el alcalde Rubén Méndez se refirió a los hechos y admitió que «la gente no fue notificada durante varios años respecto a los cobros de basura. Hoy les llega una notificación donde se condensan varios años de deuda, es un balde de agua fría».
Al mismo tiempo, el jefe comunal que asumió el cargo en diciembre de 2024 dijo que «el municipio tiene toda la disposición para arreglar este asunto de manera particular, uno por uno. Hay algunos casos de exenciones, se puede eximir el pago, y otras se pueden generar planes de pago«.
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El desmentido del municipio
Sin embargo, el caso no quedó ahí. Según constató el propio municipio, en redes sociales varios hogares reportaron supuestos funcionarios que visitarían casas para realizar los cobros. La Municipalidad de San Carlos, en un comunicado, desmintió el hecho.
«A causa de los videos circulando en redes sociales, en donde se acusa a personal municipal de solicitar dinero a domicilio a cambio de la recolección de basura, el municipio informa que: en ningún caso la municipalidad se acercará a su domicilio para ejercer una cobranza», publicó la casa municipal.
«Los pagos de multas por la recolección de basura se están evaluando caso a caso en la municipalidad», añadió la administración, haciendo hincapié en que el trámite sólo se debe hacer dentro del edificio municipal y no en las viviendas.
Al cierre, la administración de Rubén Méndez invitó a denunciar cualquier intento de estafa por parte de estos «supuestos» funcionarios y, para las familias que fueron notificadas de las deudas, acercarse al municipio para exponer la situación.
