Un operativo conjunto entre la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Carabineros permitió detectar la extracción irregular de especies nativas en el sector Huemul–Agua Santa, comuna de El Carmen (Región de Ñuble).
La acción constató tala y robo de roble, raulí y naranjillo (Citronella mucronata), especie catalogada como vulnerable por el Ministerio del Medio Ambiente. Así lo informó Conaf este martes, 21 de octubre.
Los funcionarios verificaron una intervención significativa de bosque nativo, donde la tala se habría ejecutado sin autorización. La investigación busca determinar la procedencia de la madera y las responsabilidades penales correspondientes.
Según lo informado, el delito forestal fue cometido por grupos organizados que planifican sus acciones. Estos equipos se coordinan en días y horarios específicos para cortar árboles y procesarlos en el mismo lugar.
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Leña se vendía en la clandestinidad
La leña producida se comercializa sin guías de libre tránsito, documento exigido por la Ley N.º 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Esta práctica genera un circuito irregular que afecta la trazabilidad del recurso forestal.
La ley forestal sanciona la corta no autorizada de especies nativas con multas y penas privativas de libertad. Además, busca proteger los ecosistemas mediante planes de manejo y procesos de fiscalización ambiental.
Desde Conaf advirtieron que este tipo de actividad ilícita provoca un daño severo al ecosistema, deteriora la biodiversidad y altera los cursos de agua. También afirmaron que las comunidades rurales son las primeras en enfrentar las consecuencias ambientales de la pérdida de bosque.
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Sobre las fiscalizaciones
Las investigaciones conjuntas apuntan a detectar zonas de riesgo ambiental. Los patrullajes rurales buscan prevenir delitos asociados al comercio irregular de leña en áreas rurales.
El sector Huemul–Agua Santa ha sido identificado como un punto con frecuente extracción ilegal debido a su geografía cordillerana y acceso restringido. Las autoridades regionales informaron que estas acciones contribuyen a la pérdida de cobertura vegetal y aumentan la vulnerabilidad frente a incendios forestales.
La investigación judicial sigue en curso para determinar el volumen de madera sustraída y establecer la participación de los responsables.
