Dos hombres quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por el delito de robo en lugar habitado en una vivienda del sector Dadinco, en la comuna de San Nicolás (Región de Ñuble). Así lo informó la Fiscalía este miércoles, 29 de octubre.
La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de Chillán, luego de la solicitud del Ministerio Público, que argumentó un riesgo para la seguridad pública.
Los imputados son dos hombres de 42 y 38 años, quienes, según los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, habrían fracturado una puerta e ingresado al quincho de una vivienda alrededor de las 11:00 horas.
La propietaria del inmueble los sorprendió en el interior y pidió ayuda a vecinos del sector, lo que derivó en la huida de los acusados.
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Los hombres escaparon en un vehículo que fue seguido por un residente del lugar. Más tarde, Carabineros fue alertado y localizó el automóvil en un predio agrícola cercano a la Ruta 5 Sur.
Los imputados abandonaron el vehículo e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados y detenidos por personal policial, según lo expuesto durante la audiencia judicial.
La fiscal de Chillán, Mary Carmen Farías Valenzuela, señaló que ambos imputados mantenían antecedentes penales y que uno de ellos cumplía una pena sustitutiva al momento de los hechos. Añadió que “la libertad de ambos imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad”, al justificar la solicitud de la medida cautelar.
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Robo en lugar habitado
El delito de robo en lugar habitado está regulado en el Artículo 440 del Código Penal. Esta norma sanciona a quien ingresa a una vivienda o recinto destinado a la habitación para sustraer bienes mediante fuerza en las cosas, como la fractura de puertas o ventanas.
La pena establecida si se acredita el delito corresponde a presidio mayor en su grado mínimo a medio, equivalente a entre cinco años y un día y diez años de cárcel. Dicha clasificación lo convierte en un delito de crimen, según la tipificación penal vigente.
El tribunal de garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la prisión preventiva de los imputados. Además, fijó un plazo de tres meses para la investigación, durante el cual se deberán determinar las responsabilidades penales que correspondan.
