Una organización acusada de vender medicamentos sin autorización sanitaria fue desarticulada en las regiones de Ñuble, Metropolitana y Biobío, tras una investigación dirigida por la Fiscalía Regional de Ñuble. Así lo informó la Policía de Investigaciones (PDI) este jueves, 11 de diciembre.
En el operativo se incautaron 50 toneladas de productos farmacéuticos, $100 millones en efectivo y 13 vehículos. La indagatoria comenzó en diciembre de 2024, con la detección de un presunto punto de venta ilegal en el sector La Pérgola del Mercado Central de Chillán.
Según la Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, la identificación de ese lugar permitió avanzar hacia proveedores de otras regiones.
La persecutora explicó que el seguimiento incluyó envíos por encomienda desde Santiago. “Gracias al monitoreo de teléfonos celulares interceptados y el análisis de cuentas bancarias se determinó la existencia de más de una estructura criminal, pero relacionadas entre sí, dedicadas a este negocio ilícito”, indicó.
Durante el operativo se ingresó a 32 domicilios y bodegas, con participación de 150 funcionarios policiales. En uno de los inmuebles se encontraron 200 ampollas de fentanilo, un opioide de uso clínico restringido cuya circulación no autorizada se encuentra penada por la Ley N° 20.000.
La normativa sanciona el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, entre ellas el fentanilo, tramadol, clonazepam y alprazolam. Estas sustancias requieren prescripción médica para su venta y distribución.
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Red operaba entre
El Jefe de la Región Policial Ñuble de la PDI, prefecto inspector Enrique Zamora Sáez, señaló que algunos imputados mantenían vínculos con droguerías ubicadas en Santiago.
“Incluso, entre los detenidos hay dueños de droguerías ubicadas en las comunas de San Miguel, La Granja, Santiago, La Pintana y Lo Espejo, algunas de las cuales funcionaban sin autorización del Instituto de Salud Pública”, afirmó el policía.
Según la información recopilada, parte del suministro ilegal se canalizaba a través de empresas con rol tributario vigente. Estas adquirían medicamentos directamente desde laboratorios, sin estar habilitadas para su distribución.
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El fiscal de Análisis Criminal y Focos Investigativos, Rolando Canahuate Ronda, explicó que se identificaron transacciones bancarias y patrones de comunicación entre grupos en distintas regiones. Añadió que varias personas actuaban como proveedores para puntos de venta informales.
Doce personas fueron formalizadas por tráfico de drogas y asociación ilícita, y otras ocho por microtráfico y comercio clandestino. Según el Código Penal, la asociación ilícita ocurre cuando tres o más personas se organizan para delinquir.
El microtráfico está tipificado en la Ley N° 20.000 y se refiere a la venta directa de pequeñas cantidades de sustancias prohibidas.
El comercio clandestino de medicamentos corresponde a la distribución no autorizada de productos regulados por el Código Sanitario. Las penas varían según la gravedad del hecho y la naturaleza de los productos involucrados.
Entre los formalizados por delitos de mayor gravedad se encuentra una mujer y un hombre, a quienes la Fiscalía atribuye roles dentro de una estructura con base en Santiago. Ambos fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.
El Jefe de la Sección de Control de Comercio Nacional de Medicamentos del Instituto de Salud Pública, Sebastián Riquelme Vilches, afirmó que “se trata de la mayor incautación de medicamentos en el país”, y advirtió sobre el riesgo que representa su distribución sin control médico.
El Juzgado de Garantía de Chillán fijó un plazo de cinco meses para la investigación. En ese período, el Ministerio Público y la policía deberán reunir antecedentes para determinar eventuales responsabilidades penales.
