Un hombre de 61 años quedó en prisión preventiva tras disparar contra su esposa en la comuna de El Carmen (Región de Ñuble). Así lo informó este martes, 12 de mayo la fiscal (s), Anita Hermosilla Rodríguez, respecto a este hecho de violencia intrafamiliar. El sujeto enfrentó una formalización judicial por el delito de femicidio en grado de frustrado.
El hecho se registró cerca de las 3:30 horas de la madrugada del domingo, 10 de mayo. El ataque ocurrió al interior del domicilio familiar que compartía el matrimonio en el territorio comunal. En ese lugar, el agresor percutó un disparo e hirió en un pie a la víctima.
Tras el ataque, una hija del matrimonio logró reducir al individuo en el mismo lugar. Posteriormente, efectivos de Carabineros concretaron la aprehensión del sujeto durante la misma madrugada. El control de la detención policial se efectuó durante la jornada dominical.
El procedimiento judicial se amplió posteriormente por existir diversas diligencias investigativas pendientes. Los peritajes fueron encargados por el Ministerio Público al personal experto de Labocar. Asimismo, detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI participan directamente en el caso.
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Utilizó revólver calibre 38
Durante la respectiva audiencia, la entidad persecutora expuso los argumentos legales para solicitar la cautelar. El ente investigador planteó que el imputado constituye un inminente peligro para la seguridad de la sociedad. Además, la magistratura consideró que el sujeto representa un riesgo directo para la propia víctima.
La fiscal (s) señaló que «el imputado fue formalizado por los delitos de femicidio íntimo en carácter de frustrado«. La persecutora, además de las acusaciones penales, indaga la responsabilidad del agresor en delitos de armas. El individuo utilizó un revólver calibre 38 para atacar a la mujer en la vivienda.
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La representante del organismo persecutor indicó que «el Tribunal de Garantía acogiendo la solicitud del Ministerio Público decretó la medida cautelar de prisión preventiva». La resolución judicial se basó fundamentalmente en el nivel de vulnerabilidad de la mujer afectada.
Finalmente, la abogada persecutora afirmó que «la libertad del imputado resulta un peligro para la seguridad y especialmente un peligro para la seguridad de la víctima». Ante los antecedentes expuestos en la audiencia, el Juzgado de Garantía de Yungay estableció tres meses de plazo para concluir la investigación en curso.
