Falsificaban documentos, recibían sobornos y mentían a la Justicia. Por estos delitos fueron formalizados y enviados a prisión preventiva cuatro carabineros detenidos en Quillón (Región de Ñuble) que fueron capturados el jueves, 5 de septiembre.
Los imputados, Michel Espinoza Jara, Bernardo Cares Meliñanco, Rodrigo Soto Ibáñez y Rudy Huenuhueque Neculhueque, enfrentan acusaciones por cohecho, falsificación de documentos, robo con intimidación y microtráfico de drogas.
La Fiscalía reveló que estos exfuncionarios aprovechaban su rol de agentes del Estado para cometer delitos, lo que agrava la responsabilidad penal en su contra. Fueron destituidos de sus cargos y de la institución apenas se conoció la detención.
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El fiscal Pablo Fritz Hoces, quien lidera la investigación, detalló que el grupo operaba deteniendo de manera ilegal a comerciantes, mayoritariamente de origen chino, y falsificaba partes policiales para encubrir el robo de dinero y bienes.
Uno de los episodios más graves ocurrió el 10 de mayo, cuando los excarabineros arrestaron a un comerciante chino bajo la acusación falsa de un delito aduanero. En esa ocasión, incautaron 1,5 millones de pesos, pero solo informaron 359 mil pesos en el cuartel policial.
En un segundo incidente, el 16 de mayo, la banda ingresó a otro local comercial y se apropió de 1 millón 800 mil pesos, bebidas y otros productos.
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Para evitar ser grabados, sustrajeron también el equipo DVR de las cámaras de seguridad. Según el fiscal Fritz, “esta detención produjo la emisión del parte 500, con todos sus anexos, que incluye las actas y declaraciones suscritas por los acusados que contienen información sustancialmente falsa”.
Uno de los delitos más graves imputados es el de robo con intimidación, que involucra el uso de amenazas para sustraer dinero.
El exsargento Michel Espinoza, señalado como el líder de la organización, habría robado 300 mil pesos a la esposa de un detenido, utilizando intimidación para conseguir el dinero. Este delito, tipificado en el Código Penal chileno, agrava la situación del imputado debido a la violencia implícita.
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Sentencias pudieron haber sido injustas por su culpa
La magistrada María Alejandra Cruz Vial, al dictar la prisión preventiva, indicó que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad pública y podría comprometer el curso de la investigación.
“Me hace pensar que muchas veces me equivoqué y dicté resoluciones injustas por creerles”, expresó la jueza, refiriéndose a los partes falsificados por los acusados.
La investigación continuará por un plazo de cuatro meses, periodo durante el cual la Fiscalía y la Sección de Asuntos Internos de Carabineros seguirán recabando pruebas para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales de los excarabineros en los delitos imputados.
