Más de 20 organizaciones de las regiones del Biobío y Ñuble pidieron a la Ministra de Obras Públicas, Jéssica López Saffie, revocar la Resolución 2320 de la Dirección General de Aguas (DGA).
Esa normativa autorizó un aumento del caudal extraído por la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu (ACC Zañartu) del río Laja. En otras palabras, desde dicha resolución los agricultores pueden extraer más agua que antes.
Este aumento incrementó el caudal de 22,6 metros cúbicos por segundo a 33, lo que representa un alza del 46%. La solicitud fue entregada en una declaración pública este lunes.
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Las organizaciones, que incluyen gremios agrícolas y asociaciones de regantes, argumentan que la resolución fue dictada sin la debida consulta y fuera de las normativas legales.
Según sostienen, esta decisión contraviene fallos judiciales previos y las propias directrices de la DGA. En 2021, la Corte Suprema había rechazado una solicitud similar y, en 2022, la DGA había impuesto sanciones por extracción ilegal de agua.
El presidente de la Cámara de Turismo y Comercio de Saltos del Laja, José García, explicó que el aumento en el caudal afectará a más de 8.000 pequeños y medianos agricultores de la zona.
“La bocatoma del Canal Zañartu se encuentra en la parte alta del río Laja, de manera que cualquier aumento en el caudal extraído perjudica gravemente al resto de los usuarios aguas abajo”, afirmó.
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Impacto en el entorno
El conflicto sobre la extracción de aguas del río Laja se ha extendido por más de una década. A raíz de esta nueva resolución, los agricultores han expresado preocupación por los efectos que podría generar en la agricultura y el medio ambiente.
También alertaron sobre los daños potenciales al Lago Laja y los Saltos del Laja, áreas clave para el turismo en la región.
En octubre de 2023, se presentó una querella contra el director de la DGA, Rodrigo Sanhueza Bravo, y otros funcionarios de esa entidad, acusándolos de prevaricación administrativa y delitos ambientales.
Además, la Cámara de Diputados conformó una Comisión Especial Investigadora para abordar la situación. Se espera que esta comisión entregue su informe final antes del 15 de diciembre.
