Un total de 2,7 m² de áreas verdes por habitante es el promedio en la Región de Ñuble, cifra inferior a la recomendación de 10 m² por habitante de la Organización Mundial de la Salud.
Ante esta situación, el Gobierno Regional instruyó a municipios y organismos públicos que los proyectos de renovación urbana preserven o reemplacen la vegetación intervenida. La medida entró en vigencia el 7 de marzo de 2024.
Según el documento enviado a los municipios, ningún proyecto urbano podrá reducir la cantidad de áreas verdes existentes. Si las obras requieren intervenir vegetación, será obligatoria la reposición en igual o mayor superficie afectada.
También se establece el uso de especies nativas y de bajo consumo hídrico en las nuevas plantaciones. Con esta medida, se busca garantizar que la infraestructura urbana incorpore criterios de sostenibilidad ambiental.
El gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, afirmó que los proyectos deberán incluir mecanismos que aseguren la permanencia de la vegetación urbana.
«Las iniciativas deben garantizar que la vegetación sea conservada o restituida en condiciones adecuadas para su uso comunitario«, señaló.
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Certificación y nuevas exigencias para los municipios
Para cumplir con la norma, los municipios deberán incluir en sus expedientes técnicos un certificado obligatorio que acredite el mantenimiento o ampliación de las áreas verdes. Dicho documento será un requisito para la aprobación y financiamiento de los proyectos urbanos.
Además, se recomienda coordinar con entidades especializadas en urbanismo y medioambiente para la implementación de medidas compensatorias. La planificación deberá contemplar soluciones que eviten la reducción de espacios naturales en zonas urbanas.
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El gobernador regional sostuvo que la escasez de áreas verdes afecta distintos ámbitos de la vida cotidiana. «No solo cumplen una función estética, sino que también son esenciales para la regulación climática, la mitigación de la contaminación, el bienestar comunitario y la biodiversidad«, afirmó.
La nueva normativa obliga a que los proyectos urbanos incorporen criterios ambientales. Con su aplicación, se pretende evitar la disminución de áreas verdes en la región.
