Cuando nos preguntamos si la corrupción es un resultado inevitable del poder político o una disfunción corregible dentro de los sistemas democráticos, emergen dos posturas principales. Por un lado, está la idea de que las personas involucradas en el poder caen inevitablemente en prácticas corruptas debido a una supuesta “oscuridad” inherente a la naturaleza humana. Por otro lado, está la perspectiva de que es el propio sistema o la estructura política lo que degrada, poco a poco, a los individuos, haciéndolos vulnerables a la corrupción.
En este contexto, sostengo que la corrupción no es inevitable. De hecho, es una disfunción corregible. Y la clave para abordar este problema reside en la participación ciudadana. El papel activo de la ciudadanía es esencial para construir mecanismos sólidos que no solo supervisen las instituciones políticas, sino que también generen una presión constante sobre ellas para evitar que las malas prácticas se normalicen.
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Es una obligación moral de las ciudadanas y los ciudadanos construir mensajes y acciones lo suficientemente contundentes como para resonar en la esfera política. La corrupción afecta gravemente la confianza pública en las instituciones, socava el tejido social y genera inestabilidad. Combatirla requiere un esfuerzo coordinado, y en escenarios electorales, es vital promover una oferta más amplia de alternativas políticas que reflejen los valores de honestidad y transparencia. Solo a través de la búsqueda constante de estas cualidades en nuestros representantes podremos fortalecer la confianza en la gestión pública y, como resultado, vivir en una sociedad más segura y equilibrada.
La corrupción erosiona no solo la confianza, sino también la seguridad de nuestras sociedades. Un entorno político corrompido debilita la efectividad de las políticas públicas, en especial aquellas que buscan proteger a las personas y garantizar su bienestar. Por eso, la lucha contra la corrupción no solo es una cuestión de justicia, sino también de supervivencia. No podemos sentirnos seguros en una sociedad donde las instituciones no son confiables y las leyes no se aplican de manera equitativa.
Para combatir la corrupción de manera efectiva, no basta con imponer sanciones penales o implementar reformas aisladas. Se requiere un enfoque integral que incluya una vigilancia ciudadana activa y constante. La ciudadanía debe estar presente, vigilante y dispuesta a señalar las irregularidades en todo momento. Esto significa estar atentos a las investigaciones llevadas a cabo por organismos como la Fiscalía, la Contraloría y las distintas policías, asegurando que se investiguen los hechos de corrupción con la misma intensidad, independientemente de quién esté involucrado o del poder que ostente.
Lamentablemente, en el marco de la corrupción, muchas veces vemos que las investigaciones y sanciones dependen en gran medida de la voluntad política, la cual fluctúa según los intereses de quienes tienen más o menos poder en determinado momento. Para superar esta barrera, es fundamental que la ciudadanía asuma un papel protagónico en el monitoreo de las instituciones y sus dirigentes. La falta de participación ciudadana deriva, inevitablemente, en una ausencia del Estado en la toma de decisiones cruciales, como la elección de nuestros líderes políticos.
Por lo tanto, el llamado es claro: debemos combatir la corrupción desde el corazón de la sociedad, fomentando una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y políticos. Aquellas personas que sienten que tienen las capacidades para liderar deben atreverse a involucrarse, a proponer y a tomar las riendas de los procesos políticos. Al mismo tiempo, es vital que los líderes de opinión, aquellos que tienen presencia en el tejido social, utilicen su voz y su influencia para promover un discurso de transparencia, justicia y compromiso con la ética pública.
Es crucial que quienes ocupan espacios de comunicación y quienes tienen influencia en sus comunidades impulsen mensajes claros y contundentes que inspiren a la ciudadanía a demandar un mejor ejercicio del poder. Solo así podremos construir una sociedad más justa, segura y confiable. No es una tarea fácil ni una batalla que se gane de la noche a la mañana, pero es una lucha que debemos enfrentar unidos. Solo con la participación activa de todas y todos podremos avanzar hacia una democracia más transparente, con instituciones que verdaderamente representen el interés público y no los intereses particulares.
El objetivo último es lograr que nuestros espacios políticos y sociales se caractericen por la certeza, la confianza y la justicia. Este fortalecimiento institucional no solo consolidará la estabilidad social, sino que también permitirá que vivamos en una sociedad más segura, donde las políticas públicas respondan a las verdaderas necesidades de la población y no a los intereses corruptos de unos pocos.
La corrupción no es una sombra inevitable; es un flagelo que puede ser erradicado si todos nos comprometemos a vigilar, denunciar y actuar en pro de una mejor sociedad. Y el resultado de nuestra presencia activa será, sin duda, una vida en común más segura y con mayor confianza en nuestras instituciones y en las personas que nos representan. Este año nuevamente viviremos un ciclo electoral en Chile, será una votación inédita y la invitación es que todas las personas seamos parte en la construcción de un país desde sus bases.
