Una reciente publicación de BioBioInvestiga dio a conocer varios partes policiales que dan cuenta de intentos de robo a la Contraloría Regional de Ñuble luego de que el organismo iniciara una investigación contra la Municipalidad de Chillán.
Los hechos policiales, sostiene el reportaje, habrían gatillado en que el ente contralor trasladara la investigación desde Ñuble hacia la Región Metropolitana. Dicha decisión fue tomada por la actual contralora, Dorothy Pérez, cuando aún era subrogante.
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La investigación contra la administración de Camilo Benavente partió en Ñuble en enero de 2023 y fue trasladada a Santiago en septiembre de 2024, sin conocerse estos hechos policiales.
Las oficinas de la Contraloría en Chillán, explica el medio, fueron blanco de dos intentos de robo. El primer incidente tuvo lugar el 11 de enero de 2023, cuando dos individuos intentaron ingresar al edificio en horario nocturno, pero fueron descubiertos y disuadidos por el guardia de turno.
Un segundo intento se registró el 26 de abril de este año, cuando desconocidos golpearon la puerta principal con un objeto contundente; nuevamente, el ingreso fue frustrado por una barrera de seguridad.
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¿Hostigamiento a funcionarios?
Además, funcionarios de la Contraloría en Chillán habrían sido objeto de hostigamientos al salir de su lugar de trabajo y reportaron robos en sus domicilios, según fuentes internas.
Por estos episodios, explica el citado medio, aumentó la preocupación por la seguridad y de la investigación. Los hechos habrían sido claves para trasladar el sumario a la capital, donde se consideraba un ambiente más seguro para su desarrollo.
Reunión con políticos
El traslado del sumario ocurrió un día después de una reunión entre Pérez, el alcalde de Chillán, Camilo Benavente (PPD), y los senadores Jaime Quintana (PPD) y Alfonso de Urresti (PS).
Según fuentes políticas, publica BioBioInvestiga, los senadores y el alcalde habrían expresado su malestar a Pérez por lo que consideraban una “persecución” de la Contraloría Regional de Ñuble hacia la administración municipal.
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Los involucrados habrían señalado que las investigaciones se concentraban de forma desproporcionada en procesos de contratación y adquisiciones en Chillán, donde los sumarios se iniciaron a partir de informes de control.
Uno de estos informes, emitido en enero de 2023, concluyó la existencia de irregularidades en pagos y contrataciones dentro del municipio. El documento indicaba contrataciones de familiares de funcionarios de alto rango y superposiciones horarias en contratos a honorarios.
Desde el municipio, han rechazado estas conclusiones. En abril de 2024, otro informe –el n.° 943– cuestionó la compra directa de una medialuna por más de $3.200 millones, permitiendo al vendedor retirar estructuras del recinto sin autorización adecuada.
