La Corte de Apelaciones de Chillán (Región de Ñuble) fijó en $15 millones el monto de la indemnización que el fisco deberá pagar, por concepto de daño moral, a una víctima de detención y tortura.
El 21 de septiembre de 1973 fue detenida en su domicilio por efectivos de Carabineros, quienes procedieron a maltratarla física y psicológicamente en la Comisaría de la ciudad.
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A través de un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Érica Pezoa, Claudio Arias y el abogado (i) Gumercindo Quezada, confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado Civil.
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El monto "no resulta suficiente"
"De los antecedentes, se desprende que la cantidad fijada no resulta suficiente para los daños sufridos por la víctima", comienza señalándose en el fallo.
Se remarca en la sentencia, además, que "la acción civil nace de los ilícitos constitutivos de delitos de lesa humanidad, derivada de las normas internacionales que promueven y obligan a la responsabilidad del Estado".
