La Municipalidad de San Carlos (Región de Ñuble) aseguró que depositó judicialmente $26.612.197 en marzo de 2026, correspondientes al capital reclamado por AFP Provida en una causa previsional. El organismo entregó su versión el 10 de noviembre, después de publicaciones digitales que advertían sobre cobros que superarían los $1.200 millones.

Eso sí, las dos cifras no representan lo mismo. Los $26,6 millones corresponden al capital que la Municipalidad afirma haber depositado por la cobranza de Provida, mientras que el monto superior a $1.200 millones divulgado públicamente incluye cobros atribuidos tanto a esa AFP como a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

El caso se originó en la situación de una exfuncionaria que trabajó para el municipio entre marzo de 2007 y diciembre de 2022 bajo la modalidad de honorarios. Según la administración municipal, una sentencia que reconoció la relación laboral quedó firme el 12 de junio de 2024.

El municipio sostuvo que, tras esa resolución, se efectuaron pagos por prestaciones laborales, mientras que las cotizaciones previsionales quedaron sujetas a procedimientos posteriores de cobranza judicial.

De dónde surge la cifra superior a $1.200 millones

Fue el propio municipio el que admitió que la cifra empezó a divulgarse en prensa y redes sociales. El 12 de septiembre de 2025, San Carlos Online publicó antecedentes de un informe de la Dirección de Control que ya advertía sobre cobros previsionales y de seguro de cesantía superiores a $1.200 millones.

Posteriormente, en una publicación del 15 de septiembre, el mismo medio presentó un desglose atribuido al Primer Informe Trimestral de 2026 de la Dirección de Control municipal: $1.003.217.495 asociados a AFP Provida y $211.175.061 correspondientes a la AFC.

Ambos montos suman $1.214.392.556. La publicación de septiembre también señaló que el cobro de la AFC había sido notificado judicialmente en abril de 2026.

Este antecedente es relevante porque la respuesta municipal de este 10 de noviembre se concentra en explicar la consignación del capital de Provida, pero no entrega un desglose específico de la situación de la AFC.

El citado medio aportó además antecedentes sobre pagos anteriores. Según su cobertura, la administración municipal precedente desembolsó aproximadamente $39 millones en prestaciones laborales y $4,4 millones en costas judiciales. La Municipalidad confirma que hubo pagos por prestaciones laborales, aunque su comunicado no precisa esas cantidades.

El diario digital también ha sostenido que la actual administración no habría concurrido con determinados pagos en la ejecución del juicio laboral, mencionando una obligación de $4.787.676 por tutela laboral y una situación procesal de rebeldía.

El 9 de noviembre, San Carlos Online volvió a abordar el caso e informó que el municipio había sido notificado de un mandamiento de ejecución y embargo el 2 de noviembre. La Municipalidad confirma esa notificación, aunque los antecedentes disponibles no permiten afirmar que se haya concretado un embargo de bienes o fondos municipales.

Municipalidad asegura haber depositado el capital reclamado por Provida

En un comunicado del 10 de noviembre, la Municipalidad identificó la causa P-150-2025, tramitada ante el 1.º Juzgado de Letras de San Carlos, como el procedimiento ejecutivo iniciado por AFP Provida.

Según la Dirección Jurídica, el 10 de marzo de 2026 se depositaron judicialmente $26.612.197, correspondientes al capital reclamado por esa administradora. El municipio señaló que la operación cuenta con respaldo de una certificación del tribunal.

La administración añadió que el mandamiento de ejecución y embargo fue notificado el 2 de noviembre y que, cuatro días después, presentó una excepción de pago total, acompañando los antecedentes de la consignación realizada en marzo.

Esta excepción constituye una defensa judicial que todavía debe resolver el tribunal. Su presentación no significa que la totalidad de los cobros previsionales haya quedado extinguida.

La directora de Asesoría Jurídica municipal, María Alejandra Riquelme, explicó que la discusión no se refiere exclusivamente al capital, sino también a los conceptos adicionales que incrementan las cantidades reclamadas.

“Lo que estamos distinguiendo es el capital de los intereses, reajustes y eventuales recargos que pudiesen aplicarse. El capital de $26 millones y fracción debe analizarse separadamente de los conceptos adicionales que se están reclamando”, sostuvo.

Riquelme agregó: “Nuestra administración no desconoce la existencia de obligaciones, pero considera necesario revisar la proporcionalidad, la procedencia y el cálculo de esos montos, resguardando el patrimonio municipal”.

La directora explicó que parte de la estrategia jurídica busca examinar la capitalización de intereses, es decir, la aplicación de nuevos intereses sobre cantidades que ya los incluyen. Para ello mencionó un pronunciamiento del Tribunal Constitucional relacionado con la Municipalidad de Tiltil.

Por su parte, el alcalde de San Carlos, Rubén Méndez Venegas, advirtió sobre las consecuencias que podría tener un cobro de esta magnitud para las finanzas locales.

“Una cifra de esta magnitud, superior a los $1.200 millones, podría afectar gravemente el patrimonio municipal. Por eso tenemos el deber de utilizar todas las herramientas legales necesarias para defender los fondos públicos y evitar una afectación que comprometa los recursos de la comunidad”, afirmó.

Qué falta por resolver judicialmente

La principal diferencia entre los antecedentes difundidos por San Carlos Online y la respuesta municipal es el alcance de los pagos efectuados y los montos que todavía podrían exigirse.

Mientras el municipio afirma haber depositado el capital de Provida, los antecedentes publicados por el medio dan cuenta de cobranzas por montos considerablemente superiores, que incluyen tanto a esa administradora como a la AFC.

Para establecer la situación definitiva será necesario conocer las liquidaciones judiciales vigentes, la documentación de los depósitos y las resoluciones sobre las defensas municipales.

Por ahora, el municipio reconoce que existen obligaciones derivadas de la sentencia laboral, pero disputa jurídicamente el monto que correspondería pagar. El resultado de esos procedimientos, eso sí, permanece pendiente de resolución judicial.