La actual línea de transmisión eléctrica que conecta a la Región de Ñuble con el país necesita ser mejorada. Ese es el diagnóstico que tanto públicos y privados sostienen, pero el cómo hacerlo ha representado más de una discusión a nivel local.

Esta semana, el Ministerio de Energía dio a conocer los avances que propone el proyecto de Ley de Transición Energética, que actualmente está en trámite en el Senado.

Según el Gobierno, ayudará a avanzar en el desarrollo energético del país, y se hará cargo del problema de Ñuble y otras zonas. Se hará cargo, prometen, de situaciones puntuales que ocurren en el territorio.

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La nueva regulación permitirá destrabar proyectos detenidos como el «Aumento de Capacidad Línea 1×66 kV Charrúa-Chillán», pues se incorporará el concepto de «resiliencia» para el desarrollo de transmisión (es decir, deberá soportar mayores cantidades).

Asimismo, comprometen que se podrá seguir avanzando con las obras sin adjudicación o que se encuentren paralizadas, como en el caso de la línea «Charrúa-Chillán», luego del quiebre de la respectiva empresa.

A fines de 2024, se darán por terminados los trabajos en la «Línea 1×66 kV Montenegro-Lucero», la cual aumentará en un 50% la disponibilidad energética de la zona sur de la región.

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Proyecto presentado por el ministerio

Fue en abril de este año que el Ministro de Energía, Diego Pardow, dio a conocer la «Agenda Inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética».

Se presentaron diversas iniciativas para mejorar una transición energética acelerada, que estuviera acorde a los objetivos de largo plazo, trazados y consensuados mediante la Política Energética Nacional y la Ley Marco de Cambio Climático.

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«La Región de Ñuble cual se vería beneficiada directamente con este nuevo marco legal«, argumentó Erick Solo de Zaldivar, Seremi de Economía que actualmente subroga la Seremi de Energía, ante la ausencia de un titular.

Mientras que a nivel nacional, la instancia propiciará abordar aspectos planteados por públicos y privados, avanzar en materias que no sean conflictivas en su discusión legislativa, y promover modificaciones legales de alta incidencia e impacto a nivel regulatorio.