Un total de 23 profesores de San Carlos y 3 de San Fabián (Región de Ñuble), recibieron, al fin, sus bonos de incentivo al retiro, durante la primera semana de enero de 2024. Se trata de un beneficio que llevan esperando desde 2021.
La bonificación es para quienes técnicamente se acogen a «retiro voluntario». De hecho, firmaron su renuncia en 2021 y postularon a la ficha para recibir el beneficio.
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«Sin embargo, por temas administrativos y de gestión del sostenedor (los respectivos municipios), nos e agilizó el pago en su momento», explican a LA FONTANA desde la Seremi de Eduación de Ñuble.
Los montos, sumando a todos los funcionarios, superan los $702 millones. Gran parte de ellos, si bien seguían trabajando en sus escuelas, se encontraban con licencias médicas por enfermedades o complicaciones de base.
«La primera semana de diciembre creamos la figura del encargado regional del Bono Incentivo al Retiro, que nos permitió conocer en qué procesos administrativos se encontraban las 21 comunas de la región», añade el seremi, César Riquelme.
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Prioridad para las comunas de Punilla Cordillera
«Quisimos darle prioridad a las y los docentes de las comunas que fueron traspasadas al Servicio Local de Educación Punilla Cordillera«, explicó el funcionario. «Sin olvidar a los docentes que han estado más de cuarenta años en el sistema y que deberían disfrutar con sus familias el trabajo, entrega y dedicación a la Educación Pública», aseguró.
Con la deuda saldada, ya no hay más docentes con atraso en el pago en San Carlos y San Fabián. Pero aún existen nueve casos en Ñiquén, donde esperan recibir el bono durante el primer semestre de 2024.
Además, ya comenzó el proceso de postulación para el reciente año 2023. «Los sostenedores deben comenzar a realizar los actos administrativos correspondientes para que los docentes que lo requieran, y cumplan con los requisitos, puedan optar al bono», cerró la autoridad regional.
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¿Quiénes pueden optar al bono?
Según detalla la Ley 20.976, pueden postular las mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65. Deben haber terminado su contrato de manera voluntaria o por decisión del empleador.
Además, el requisito principal es haber estado en funciones, al menos, durante 18 años -ya sea continuos o discontinuos- en establecimientos estatales.
