El Gobierno Regional de Ñuble respondió la tarde del lunes, 2 de septiembre, a la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Chillán contra el Gobernador Regional, Óscar Crisóstomo.
En un comunicado oficial, la entidad confirmó que el gobernador fue notificado sobre la acción judicial, que se relaciona con hechos ocurridos en mayo de 2021. Estos hechos, según el comunicado, «tienen su origen en cuestionar acciones realizadas en el ejercicio libre de su profesión, mucho antes de asumir el cargo por el que fue electo democráticamente».
Así lo informó LA FONTANA: Fiscalía pide desafuero para Gobernador de Ñuble por investigación de cohecho
La Fiscalía de Chillán busca desaforar a Crisóstomo para poder formalizarlo bajo la acusación de cohecho entre particulares, tal como lo reveló BioBioInvestiga.
Los cargos se basan en la supuesta asignación irregular de subsidios habitacionales a tres familiares directos del gobernador: su padre, su hermano y su tía, quienes, según la denuncia, no cumplían con los requisitos necesarios para recibir dichos beneficios.
El comunicado
En su comunicado, el Gobierno Regional enfatizó que la solicitud de desafuero es un «requisito formal necesario» para continuar con la investigación, pero aclaró que esto «no impide seguir ejerciéndolos», refiriéndose a los cargos públicos relevantes que ostenta Crisóstomo.
Además, reiteraron que la autoridad «responderá el informe solicitado por la Corte de Apelaciones en los tiempos que se establecen en la notificación».
Antecedentes e investigaciones
Este caso se suma a otra investigación en la que el Gobernador Crisóstomo ya se encuentra involucrado. En abril de 2024, el Gobierno Regional de Ñuble fue allanado por la Fiscalía en el contexto de una investigación relacionada con la Fundación ProCultura.
Se investigan posibles irregularidades en la asignación de un megaevento internacional a dicha fundación, además de compras millonarias de bienes de uso cotidiano.
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La situación del gobernador se enmarca dentro de la normativa chilena que otorga fuero a los gobernadores regionales, similar al que tienen diputados y senadores. Según la ley, un gobernador no puede ser formalizado o privado de libertad sin la autorización previa del Tribunal de Alzada correspondiente, salvo en casos de delito flagrante.
La Corte de Apelaciones de Chillán deberá ahora fijar una audiencia para decidir si procede o no el desafuero de Crisóstomo, un paso crucial para avanzar en la formalización de la causa por cohecho entre particulares.
