En prisión preventiva quedaron un hombre de 33 años y una mujer de 32 años, acusados de secuestro con violación, violación y amenazas contra dos mujeres en Chillán (Región de Ñuble).
La medida fue decretada por el Juzgado de Garantía de esa ciudad, luego de que la Fiscal Claudia Zárate Rojas argumentara que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad pública. Los hechos ocurrieron entre julio y agosto, según la formalización.
Lee también: 3 detenidos por robo a vehículo en Bulnes: se llevaron el auto desde un restaurante
Según la fiscal, los acusados contactaron a las víctimas a través de falsas ofertas laborales publicadas en Facebook. Las mujeres, tras aceptar reunirse con los imputados, fueron llevadas bajo amenaza de armas a un motel, donde se les obligó a realizar actos sexuales.
«Desde el momento en que la ingresan a un vehículo y la trasladan hasta un motel para violarla, estuvo bajo amenazas», detalló Zárate durante la audiencia.
Las agresiones fueron grabadas por los imputados, quienes utilizaron los videos para amenazar a las víctimas con difundir el material en redes sociales si no accedían a realizar más grabaciones de carácter sexual. Este tipo de extorsión, conocido como «sextorsión», es un delito que implica coaccionar a la víctima bajo la amenaza de difundir contenido íntimo.
Relacionado: Chillán: Justicia ordena indemnización para mujer detenida, amenazada y perseguida en 1973
Análisis de dispositivos electrónicos
El Subprefecto de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, Iván Vásquez Medina, indicó que la investigación se ha basado en el análisis de tráfico telefónico y redes sociales.
También se incautaron dispositivos electrónicos en el domicilio de los imputados, los cuales están siendo analizados por la Brigada de Cibercrimen para determinar si el material fue distribuido o comercializado.
«El análisis de los dispositivos incautados es clave para determinar si hay más víctimas o delitos relacionados», explicó Vásquez.
La fiscalía no descarta que existan más víctimas bajo el mismo modus operandi, y se estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación.
