Son poco más de 34 mil millones de pesos los que han sido retenidos al Gobierno Regional de Ñuble desde septiembre de 2024. Así lo denunció el Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo y, de manera unánime, todo el Consejo Regional.
Según acusan, la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Gobierno de Boric ha dejado de transferir estos recursos, lo que afecta a 34 obras en ejecución. El recorte presupuestario representa casi el 50% del presupuesto regional.
Las obras detenidas incluyen proyectos de infraestructura, como la construcción de viviendas y pavimentación de calles, además de servicios como el transporte escolar.
«Nos tienen retenidos $34.000 millones, es casi el 50% del presupuesto del Gobierno Regional«, afirmó el Gobernador Regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Pero no sólo es Ñuble: es toda la Asociación de Gobernadores Regionales la que ha acusado la misma situación.
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El atraso
Los recursos a las regiones, por ley, deben ser repartidos desde el Gobierno central según la Ley de Presupuesto del año en curso -que propone el Gobierno pero luego debe aprobar y/o modificar el Congreso-. Así es como se reparte la totalidad de los dineros con los que funciona cada región.
El atraso en los pagos ha generado conflictos con empresas y contratistas. Los pagos pendientes están afectando la ejecución de proyectos y la relación con proveedores locales.
«Esto va a afectar enormemente a muchas personas de la región y del país«, alertó la Consejera Regional de Ñuble, Lorena Jardua.
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Situación inédita
Según los consejeros, la retención de recursos impacta directamente en la economía local y en el empleo. «Es una situación inédita en nuestra región«, manifestó el Consejero Regional de Ñuble, Iter Stuardo.
El gobernador y los consejeros pidieron que la Dipres reponga los fondos lo antes posible. Además, destacaron la necesidad de avanzar en un proyecto de ley que establezca un sistema de financiamiento regional más autónomo, similar al de los municipios.
«Los recursos aprobados por el Congreso Nacional son de cada una de las regiones«, señaló Crisóstomo. El conflicto podría derivar en acciones legales para proteger los intereses de la región.
Los Consejeros Regionales han manifestado su disposición para buscar soluciones jurídicas y administrativas que garanticen la correcta ejecución de los proyectos pendientes.
