Más de 14 regiones de Chile quedaron sin energía eléctrica, lo que generó fallas en los servicios de telecomunicaciones. La interrupción dificultó el acceso a información en medio de la emergencia.
Así lo aseguró el diputado Felipe Camaño, presidente de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
El parlamentario anunció que enviará un oficio a Senapred para conocer las razones de la no utilización de la alerta SAE (notificaciones de texto y sonido en celulares). La alerta hubiera permitido, por ejemplo, información real y actualizada sobre el Estado de Excepción o el toque de queda en millones de teléfonos.
Además, solicitará a SUBTEL que fiscalice a las empresas de telecomunicaciones por los cortes de señal registrados. El evento ocurrió en un contexto donde se decretó Estado de Catástrofe y toque de queda. La interrupción del servicio eléctrico provocó la caída de las redes móviles y de internet en gran parte del territorio.
El sistema de alerta SAE, que permite enviar mensajes de emergencia a los teléfonos móviles, no fue utilizado para informar a la ciudadanía. «Es importante que la tecnología ante desastres y la alerta SAE estén disponibles ante emergencias de este tipo y no sean solo un adorno», señaló Camaño.
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Fiscalización a empresas de telecomunicaciones
El diputado también pidió que SUBTEL fiscalice la respuesta de las empresas de telecomunicaciones durante la emergencia. Aseguró que los usuarios afectados por los cortes deben recibir compensaciones y que las compañías podrían enfrentar sanciones.
«Es importante que la SUBTEL fiscalice a las empresas de telecomunicaciones debido a los cortes de señal reportados en todo Chile», declaró. También señaló que solicitará información sobre los protocolos seguidos por las compañías durante la crisis.
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El corte de energía y la falla en las telecomunicaciones impidieron que la población recibiera información oficial. La falta de acceso a internet y telefonía dificultó que las personas conocieran las medidas de seguridad y restricciones en sus comunas.
Las autoridades deberán determinar responsabilidades y evaluar la necesidad de modificar los protocolos de emergencia. La fiscalización de los organismos involucrados y la revisión de la infraestructura serán clave para evitar problemas similares en el futuro.
