Con arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicación quedó el alcalde de Bulnes (Región de Ñuble), Guillermo Yeber, imputado por cohecho agravado y fraude al fisco en el proceso de licitación de cuentas bancarias de su municipalidad.
La decisión fue confirmada, en fallo dividido, por la Corte de Apelaciones de Chillán, durante la jornada de este miércoles 7 de agosto.
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La Corte argumentó que “la necesidad de cautela ha sufrido variaciones”, debido a los seis meses que Yeber ha pasado en prisión preventiva, y la extensión del plazo de investigación por tres meses más.
También, en el documento, se consideró su “irreprochable conducta anterior”, y el hecho de que a otros coimputados se les han impuesto medidas menos severas.
El fallo, emitido por la Primera Sala del tribunal de alzada, compuesto por los ministros Claudio Arias, Érica Pezoa y el fiscal judicial Solón Vigueras, mantiene la rebaja de la medida cautelar de prisión preventiva dictada anteriormente por el Juzgado de Garantía de Bulnes.
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El caso Cuentas Corrientes
La investigación del Ministerio Público, que incluyó interceptaciones telefónicas y seguimientos, reveló que Yeber se habría concertado con el empresario Rodrigo Carmona para adjudicar irregularmente licitaciones de cuentas bancarias de la municipalidad.
Pero no sólo está involucrado el jefe comunal de Bulnes. Los ahora exalcaldes de Ñiquén, Manuel Pino, y de San Ignacio, César Figueroa, también figuran como imputados. Los tres, a día de hoy, están con arresto domiciliario.
Los delitos que se repiten son cohecho agravado y fraude al fisco. El cohecho agravado implica que un funcionario público recibe o solicita beneficios a cambio de realizar actos propios de su cargo en condiciones que agravan el delito, como el valor del beneficio recibido.
Por su parte, el fraude al fisco se refiere a engañar al Estado para obtener un beneficio económico indebido, perjudicando las arcas públicas.
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Fiscal judicial se opuso a la rebaja
El fiscal judicial Solón Vigueras votó en contra de la rebaja de la prisión preventiva, argumentando la necesidad de mantener dicha medida, para asegurar el desarrollo de la investigación y prevenir posibles obstrucciones al proceso judicial.
Las medidas impuestas a Guillermo Yeber, incluyendo la prohibición de comunicarse con coimputados y funcionarios del municipio, buscan prevenir cualquier influencia indebida en el proceso investigativo.
