Un hombre fue detenido y formalizado por los delitos de abusos sexuales y explotación sexual en perjuicio de cinco víctimas, cuatro de ellas adolescentes y una mayor de edad en Chillán (Región de Ñuble).
Según la Fiscalía, los hechos habrían comenzado en 2009 en el domicilio del imputado, quien habría aprovechado su oficio para cometer agresiones mientras las víctimas permanecían inmovilizadas en una camilla.
El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado. Esto se fundamentó en que su libertad representa un peligro para las víctimas y para la seguridad pública.
Este tipo de medida, regulada por el Código Procesal Penal, se aplica cuando existe un riesgo de reiteración delictiva o de obstrucción a la investigación.
La fiscal a cargo del caso, Claudia Zárate Rojas, explicó que “debido a la gravedad de los ilícitos, las penas que se exponen, la pluralidad de víctimas y la existencia de dos menores bajo protección especializada estatal, la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas”.
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Incautación de dispositivos y análisis de evidencia
Durante el procedimiento, la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en el domicilio del imputado. En el lugar se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos que serán sometidos a peritajes por el Laboratorio de Criminalística.
El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Chillán, subprefecto Iván Velásquez Medina, calificó la investigación como compleja. “Se identificaron cinco víctimas, y en dos de ellas presuntamente hubo comisión reiterada de los abusos sexuales”, detalló.
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El delito de abuso sexual, establecido en el artículo 366 del Código Penal, se refiere a acciones de significación sexual realizadas sin consentimiento, afectando la libertad o la integridad sexual de la víctima.
Por su parte, la explotación sexual involucra coerción o abuso de vulnerabilidad con el objetivo de obtener beneficios sexuales.
El tribunal otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación. Durante este tiempo se espera recabar mayores antecedentes y determinar responsabilidades.
Además, se adoptaron medidas de protección para dos víctimas menores de edad, quienes se encuentran bajo resguardo especializado del Estado. La investigación continúa en curso para esclarecer todos los detalles y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
