La medida cautelar de prisión preventiva fue decretada para dos imputados por una serie de robos a vehículos motorizados ocurridos en Chillán, San Carlos (Región de Ñuble) y Parral (Región del Maule), superando los doce millones de pesos en especies sustraídas. Así lo informó la Fiscalía este lunes, 11 de mayo.
Los formalizados, un hombre de 25 años y otro de 21, enfrentan cargos por asociación ilícita. A los sujetos se les atribuyen cinco delitos de robo de vehículo motorizado y cuatro delitos de receptación.
Los robos investigados por la autoridad ocurrieron entre octubre de 2025 y febrero del presente año. Los imputados afectaron a dueños de automóviles, quienes habían dejado los móviles estacionados en la vía pública.
Otra parte de los vehículos sustraídos fue retirada sin autorización desde los aparcamientos de distintas tiendas comerciales. La indagatoria penal se realiza con Carabineros de la Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (Sebv).
La autoridad persecutora levantó cargos por diez ilícitos en total. El fiscal del Sistema de Análisis Criminal, Álvaro Serrano Romo, señaló que “efectivamente se logró terminar con la prisión preventiva de ambos imputados y con la investigación que dura alrededor de tres meses, dado que hay diversas diligencias todavía pendientes de realizar”.
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Incautaron piezas de vehículos en San Clemente
En el marco de la investigación, la policía cumplió una orden de entrada del Juzgado de Garantía de Chillán. El allanamiento se ejecutó en San Clemente, en la Región del Maule, lo que permitió revisar un recinto privado.
Las autoridades fiscalizadoras allanaron dos bodegas y un garaje destinado como taller mecánico y desarmaduría. El recinto intervenido es propiedad del padre de uno de los imputados en la causa.
En dicho lugar se logró incautar piezas de automóviles, como puertas y motores de distintos vehículos. Estas especies mantenían encargo por robo, tras ser sustraídas en diversas ciudades del centro sur del país.
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Durante la audiencia respectiva, el persecutor expuso que la libertad de los detenidos constituye un peligro para la sociedad. El persecutor añadió que “ambos imputados deberán permanecer presos mientras dure esta investigación”.
El Juzgado de Garantía de San Carlos determinó un plazo de tres meses para desarrollar las indagatorias correspondientes. Las diligencias pendientes continuarán a cargo de la Fiscalía de Ñuble y la respectiva sección policial.
