Un veredicto condenatorio unánime fue dictado contra un hombre de 42 años imputado por tráfico de drogas. Así lo informó la Fiscalía este jueves, 14 de mayo tras el proceso que se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán (Región de Ñuble).
Los ilícitos ocurrieron en la comuna de Ñiquén durante el 8 de abril del año en curso. En aquella jornada, efectivos del OS7 de Carabineros allanaron un domicilio en el sector San Antonio. El operativo policial permitió la incautación de sustancias ilícitas y armamento de fuego.
El fiscal, Pablo Fritz Hoces, señaló que Carabineros concurrió “recogiendo información de la comunidad”. En el inmueble, los uniformados hallaron 29,5 kilos de marihuana en proceso de secado. También decomisaron otros 4,5 kilos de la misma sustancia a granel.
A este decomiso se sumaron dos kilos de droga embolsada lista para su venta. El representante del Ministerio Público indicó que “este imputado mantenía un plantío de 46 plantas de marihuana”. Dichos vegetales, incautados desde un invernadero artesanal, midieron hasta 120 centímetros de altura.
El pesaje total de las matas alcanzó los 138 kilos de sustancias. Durante el procedimiento policial, además, se confiscó una balanza digital empleada para la dosificación. Los efectivos decomisaron cinco millones 500 mil pesos en dinero efectivo.
El persecutor penal afirmó que el monto recuperado es “producto de la venta de drogas”. Junto con la recaudación millonaria, se encontró una escopeta y veinte cartuchos de munición. El imputado carecía de permisos formales para portar este armamento.
Dinero incautado pasará a arcas fiscales
La Fiscalía solicitó una medida especial para los recursos financieros obtenidos en el allanamiento. La autoridad pidió la reasignación de los cinco millones 500 mil pesos quitados al traficante. El objetivo es entregar el dinero a las arcas de Carabineros de Chile.
El abogado del ente persecutor dijo que “la ley 20.000 contempla esta posibilidad y lo estamos utilizando”. La normativa aludida permite derivar estos bienes incautados hacia instituciones de orden público.
Para el delito de tráfico, la parte acusadora solicitó una pena de doce años de presidio. A esta solicitud se añade una petición de cinco años adicionales por infringir la Ley de Armas. La sentencia, eso sí, recién se conocerá el 23 de mayo.
