A presidio perpetuo fue condenado un hombre por el femicidio de su esposa, ocurrido el 12 de julio de 2025 en El Carmen (Región de Ñuble). Así lo informó la Fiscalía de Chile, que además confirmó una segunda pena por infracción a la Ley de Armas.
El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán impuso 3 años y un día de presidio por porte y tenencia ilegal de arma de fuego. En términos jurídicos, la pena aplicada por el femicidio corresponde específicamente a presidio perpetuo.
Fiscal jefe de #Yungay, Mario Lobos Ortiz, obtuvo presidio perpetuo contra Héctor Córdova Soto, quien el 12 de julio de 2025 dio muerte a su esposa en la comuna de #ElCarmen, a quien disparó con una escopeta. pic.twitter.com/Usf3EKf6pH
— Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) October 9, 2026
La sentencia constituye el nuevo hito de una causa cuyo veredicto condenatorio había sido informado a fines de septiembre. En esa oportunidad, LA FONTANA informó que la Fiscalía solicitaba presidio perpetuo calificado y cuatro años por el delito de armas.
La pena finalmente impuesta fue distinta de aquella petición: el tribunal estableció presidio perpetuo por el femicidio y tres años y un día por el ilícito asociado al arma.
Tribunal acreditó alevosía
El crimen ocurrió durante la noche en el domicilio familiar del sector San José Sur. Durante el juicio se estableció que el condenado disparó con una escopeta contra su esposa, causándole la muerte.
El tribunal dio por acreditada la agravante de alevosía, según informó el fiscal jefe de Yungay, Mario Lobos Ortiz. “Actuó sobreseguro y sin darle posibilidad alguna de defensa a la víctima, causándole la muerte de forma inmediata en el lugar”, señaló el persecutor.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el ataque ocurrió en un contexto de celos y conflictos relacionados con la creciente independencia económica y personal de la mujer.
Tras el femicidio, el condenado abandonó el inmueble portando la escopeta. Al día siguiente se presentó en la Tenencia de Carabineros de Pemuco.
La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público junto con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).













