Sobre el fin del Proceso Constitucional en Chile

SEÑOR DIRECTOR:
En el marco del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, la sociedad chilena en un período de 4 años decidió rechazar las dos propuestas de nueva carta magna, presentada, una por la Convención constitucional; y la segunda por el Consejo Constituyente, directa o indirectamente relacionados en un proceso constituyente que habría dejado atrás un texto redactado en dictadura.

Hoy continúan en cuestión las demandas sociales tales como una mejor educación, mejoras en los sistemas de salud y de pensiones, y la olvidada reforma a Carabineros de Chile por su conducta militarizada, que en pleno estallido social, quedó expuesta ante la sociedad por sus procedimientos.

Un elevado porcentaje de rechazo en ambos plebiscitos dejó a la sociedad chilena hoy, con la constitución de 1980, y demandas sociales, que si bien tuvieron reformas por parte del legislativo y ejecutivo, dejan en cuestión el rumbo de nuestro país.

Asuntos como el acceso a la educación superior, la calidad de educación en los colegios públicos, el conflicto del Estado con los pueblos indígenas y la administración de las jubilaciones, que son temas de debate y posiblemente tengan presencia en nuevas discusiones o simplemente queden en el olvido, he ahí la interrogante.

En ambas propuestas rechazadas figuraba un Estado social democrático de derecho, pero la desconfianza de los ciudadanos y la falta de educación cívica hizo que la elección de los constituyentes nos pusiera en este escenario.

Por un lado, una propuesta populista que abogaba por defender el entorno en el que los ciudadanos vivimos de la contaminación, el rol social de los profesores y el énfasis en las negociaciones con Latinoamérica y el Caribe, y otros derechos que quedaban en manos del Estado, por iniciativa de la Convención; y por otro, una propuesta que anula especialmente las propuestas de la izquierda, que protege la vida de quien está por nacer, que concibe a carabineros como una a institución policial técnica y profesional, de carácter militar, y un reglamento sobre el uso de las aguas en cualquiera de sus formas, que deja en riesgo la preservación de los glaciares; en manos del Consejo.

Un juego de egos en los lineamientos políticos sin una visión crítica y técnica de lo redactado, que además de desembolsar una cifra millonaria para que ambos órganos constituyentes funcionaran ($22 mil millones para la convención y $5 mil el consejo), llevó a continuar con lo mismo y una ciudadanía despreocupada e ignorante de lo que a lo largo del país se discutía, por qué motivo y las soluciones posibles.

De contrapunto, el Gobierno de Boric anunció no continuar, por su parte, con un nuevo proceso. Sin embargo otros rostros de la política han mencionado la posibilidad de un tercero. Dirigir a la nación por vías del centro del espectro político para conseguir reales transformaciones ante la posibilidad de un nuevo estallido social, y el evidente rechazo al tradicionalismo que existe en la política chilena.

Cuestiones ya mencionadas como salud, educación y jubilaciones, serán materias de debate en un futuro no tan lejano, cuando los estudiantes comiencen a asistir a clases y los profesores nuevamente regresen a sus labores, los pueblos indígenas se hagan nombrar nuevamente o el cambio climático se intensifique.

Darío Retamal Aravena
Profesor de Música; estudiante de Periodismo