El fatal hecho que terminó con la vida de Franco Vargas, conscripto que falleció tras una marcha en Putre (Región de Arica y Parinacota), ha producido preocupaciones serias sobre las prácticas y procedimientos del Servicio Militar en Chile.
Preguntas urgentes sobre la seguridad y el bienestar de los conscriptos deben derivar en, al menos, una reflexión institucional sobre la estructura y eficacia de las políticas internas que rigen las fuerzas armadas.
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Es sabido por todos que la “rigurosidad” y “disciplina” son pilares fundamentales del servicio militar, pero nunca deben comprometer la integridad física y psicológica de los individuos.
Es imperativo que este caso sea el punto de partida para una evaluación profunda del servicio militar en el país, incluyendo una revisión de los protocolos de entrenamiento físico y los criterios de aptitud.
La investigación no debe limitarse a aclarar este evento -todavía aislado- sino extenderse para asegurar que no se repitan incidentes similares. Es crucial que el Estado asegure que todos los aspectos del Servicio Militar—desde la selección hasta el entrenamiento—cumplan con normas que prioricen la salud y los derechos humanos de los jóvenes.
Debemos avanzar hacia un sistema donde la formación de nuestros jóvenes en el Servicio Militar refleje un equilibrio entre el rigor y el respeto por su bienestar.
Es un deber no solo con ellos, sino con los principios de justicia y responsabilidad que esperamos de todas las instituciones: sobre todo de las que, constitucionalmente, están creadas para proteger lo más importante que tenemos como ciudadanos: la vida.
