"Hasta este momento Fiscalía tiene sólo una versión", dijo

Exalcalde de San Nicolás con arraigo nacional por investigación de Fiscalía

Víctor Toro Leiva, en el Gobierno Regional de Ñuble.
Toro Leiva, en el Gobierno Regional de Ñuble.
El Ministerio Público lo está investigando por "exacción ilegal", durante 2018. El exjefe comunal negó cualquier irregularidad y aseguró que todo se conocerá cuando finalice el proceso.
Víctor Toro Leiva, en el Gobierno Regional de Ñuble.
Toro Leiva, en el Gobierno Regional de Ñuble.
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Hoy, 22 de agosto, la Fiscalía Regional de Ñuble dio a conocer una investigación en contra de Víctor Toro Leiva, exalcalde de San Nicolás y actual jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gobierno Regional de Ñuble.

Se investiga el delito de «exacción ilegal». Dicha acción se define como cuando un funcionario público, usando su cargo, cobra una contribución a alguna persona.

Según explicó el fiscal de Chillán, Sergio Pérez, Toro -en el ejercicio de sus funciones- «solicitó dinero, sin tener facultades legales para exigirlo, a beneficiarios de un proyecto social que estaba financiado en su totalidad por la SUBDERE (Subsecretaría de Desarrollo Regional)».

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Se trata de un proyecto de Agua Potable Rural (APR) para el sector Los Aromos Sur, donde «pidió a, al menos 170 vecinos, el pago de 50 mil pesos cada uno, montos que fueron depositados en la Tesorería Municipal de San Nicolás», dijo el persecutor.

«El imputado no tenía facultades legales para exigir lo anterior, señalando incluso a algunos vecinos que no serían beneficiados en caso de negarse a aportar dichos dineros», sostuvo el fiscal Pérez.

Según Fiscalía, el Gobierno central entregó a la municipalidad el monto que cumplía por completo las obras, por lo que «no había justificación para pedir el dinero».

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El Juzgado de Garantía de Chillán impuso al exalcalde la medida de prohibición de salir del país. La investigación tiene un plazo de 120 días.

La respuesta de Toro

Si bien Víctor Toro ha declinado dar declaraciones sobre el caso, detalló a LA FONTANA que «lo único que hice fue aplicar una política municipal que se ejecutó durante veinte años con diferentes sectores de la comunidad para que, trabajando en conjunto y con un aporte comunitario, poder colocar agua potable  a más de dos mil familias».

A través de un contacto telefónico, Toro dijo a este medio que «no hay ninguna irregularidad. Lo que pasa es que, hasta este momento, la Fiscalía sólo tiene una versión. Pero, por eso es que se está investigando, una vez que termine la investigación se van a dar cuenta que en realidad nunca se cobró un impuesto, nada, era un aporte voluntario, concordado con las comunidades».

 

Presunta inocencia

El artículo narra un proceso judicial aún en curso. Los acusados no deben considerarse culpables hasta que el Poder Judicial determine lo contrario.

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