Para este viernes, 16 de octubre, fue fijada la audiencia de formalización por presunto fraude al fisco del alcalde de Chillán (Región de Ñuble), Camilo Benavente. La investigación está relacionada con la cuestionada compra municipal del terreno de la exmedialuna de la ciudad.

La operación involucró un desembolso de aproximadamente $3.276 millones por un inmueble cuyo valor fue estimado en $2.000 millones por los denunciantes. Esta diferencia dio origen a cuestionamientos por un presunto sobreprecio de $1.276 millones, según los antecedentes publicados por BioBioChile.

La causa surgió tras una querella presentada en 2023 por los entonces concejales Juan Pablo López y Joseph Careaga. La investigación es dirigida por la fiscal Nadia Espinoza y aborda eventuales responsabilidades penales en la operación.

En qué se focaliza la investigación por fraude al fisco

Una investigación publicada el jueves, 15 de octubre, por Reportajes Teletrece reveló nuevos antecedentes sobre los hechos que motivarían la formalización.

Según el reportaje, la imputación se concentraría en un acuerdo privado entre Benavente y la Sociedad Fiesta del Caballo Chileno. Este habría permitido entregar gratuitamente a la entidad vendedora diversas estructuras de la exmedialuna.

Entre los elementos retirados se encontraban graderías y otras instalaciones, que habrían sido consideradas materiales sin uso o escombros. Sin embargo, según los antecedentes revisados por Teletrece, su valor aproximado alcanzaba los $184 millones.

Este monto corresponde a un cuestionamiento específico y no debe confundirse con los $1.276 millones atribuidos al eventual sobreprecio del terreno. El alcance definitivo de los hechos imputados deberá conocerse mediante la formalización.

El mismo reportaje señala que la defensa solicitó que el alcalde compareciera de manera telemática a la audiencia. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Chillán rechazó la petición, tras la oposición de la Fiscalía.

Qué ha dicho el alcalde Camilo Benavente sobre la investigación

En abril de 2025, el alcalde prestó declaración ante la Fiscalía en calidad de imputado. Según los antecedentes judiciales conocidos por Teletrece, fue consultado sobre las razones para suscribir contratos separados durante la adquisición.

“Yo no tengo idea de por qué se firmó ese contrato”, respondió Benavente, quien atribuyó la revisión de esos documentos al equipo jurídico municipal.

Su abogado, Marcelo Villena, rechazó que el procedimiento constituyera un delito. Sostuvo que la posibilidad de retirar las instalaciones estaba contemplada en acuerdos anteriores y que la decisión no dependió exclusivamente del alcalde.

“No es algo que el alcalde haya decidido por sí solo”, afirmó Villena a Teletrece, al defender la legalidad de la operación.

En julio, cuando se conoció la solicitud de formalización, LA FONTANA informó sobre la postura de la defensa, que aseguró que el alcalde había actuado conforme a las recomendaciones de sus asesores jurídicos.

Declaraciones del alcalde tras requerimiento de destitución

Este jueves, 15 de octubre, Benavente también difundió en Instagram una declaración relacionada con otro procedimiento: el requerimiento de destitución presentado por tres concejales ante el Tribunal Electoral Regional (TER) de Ñuble.

“Quiero ser claro: gran parte de los hechos expuestos ya han sido objeto de revisión por las instancias correspondientes”, manifestó el alcalde en el mensaje, donde expresó su disposición a colaborar con las instituciones.

La autoridad añadió que la situación no altera el funcionamiento de la Municipalidad de Chillán y aseguró que continuará concentrado en el mandato recibido de la ciudadanía.

El pronunciamiento corresponde al requerimiento ante el TER, que es distinto de la investigación penal por la compra de la exmedialuna. Por tanto, sus declaraciones no constituyen una respuesta directa a los cargos que la Fiscalía comunicará en la formalización.

La audiencia de este viernes permitirá conocer los hechos específicos atribuidos al alcalde y las eventuales medidas cautelares que soliciten los intervinientes. La formalización no constituye una condena y Benavente mantiene su presunción de inocencia.