La Fiscalía solicitó arresto domiciliario total para el alcalde de Chillán (Región de Ñuble), Camilo Benavente Jiménez. La petición se presentó tras su formalización por dos hechos de presunto fraude al fisco, relacionados con la compra de la antigua medialuna de la ciudad, este viernes 16 de octubre.
El Ministerio Público atribuye a ambas operaciones un perjuicio fiscal cercano a $2.100 millones. La cifra corresponde a los hechos imputados por la Fiscalía y no a una pérdida establecida mediante una sentencia judicial.
Audiencia sigue este lunes
La audiencia comenzó el viernes 16, pero fue suspendida por la jueza Claudia Madsen Venegas. El Juzgado de Garantía de Chillán fijó su continuación para este lunes 19, a las 08:00 horas, cuando deberá resolver las medidas cautelares.
Según el comunicado oficial de la Fiscalía, la fiscal Nadia Espinoza Caro también solicitó prohibición de salir del país. A ello se suman las prohibiciones de acercarse a la municipalidad y mantener contacto con funcionarios municipales.
La persecutora fundamentó estas solicitudes en la existencia de diligencias pendientes. También afirmó que el Ministerio Público tomó conocimiento de presuntas presiones sobre trabajadores municipales durante la investigación.
La fiscal señaló que se han conocido «ciertas presiones, por parte del ente municipal, hacia sus subalternos al momento de declarar en la investigación». Esta afirmación forma parte de los antecedentes expuestos por la Fiscalía y no constituye un hecho judicialmente acreditado.
Los dos hechos de fraude al fisco atribuidos al alcalde
El primer hecho investigado corresponde a la compra del terreno de la exmedialuna, ubicado en el sector Schleyer de Chillán. La Municipalidad pagó $3.276.160.000 a la Sociedad Fiesta El Caballo Chileno por el inmueble.
Según la Fiscalía, la adquisición habría provocado un perjuicio de aproximadamente $1.900 millones, debido a que el precio pagado superaría considerablemente el valor real de la propiedad.
La fiscal Espinoza explicó que el Concejo Municipal aprobó la operación el 9 de noviembre de 2021. Sin embargo, las tres tasaciones encargadas por el municipio se realizaron recién un mes después de esa aprobación.
«A nuestro entender este predio tiene un valor muy inferior al cual efectivamente se pagó«, sostuvo la persecutora al explicar los fundamentos de la imputación.
El segundo hecho está relacionado con la entrega de estructuras de la exmedialuna a la sociedad que vendió el terreno. Según la Fiscalía, Benavente acordó restituir graderías, corrales, techumbres, ventanales y otros elementos existentes en el inmueble.
El Ministerio Público sostiene que esta decisión no fue informada al Concejo Municipal cuando aprobó la compraventa. Además, afirma que los bienes estaban incluidos en el precio pagado por la propiedad.
La Fiscalía estima que esta segunda operación habría provocado un perjuicio adicional cercano a $200 millones. Ambos hechos explican el monto total de $2.100 millones atribuido al alcalde durante la formalización.
Querella del Consejo de Defensa del Estado y postura de la defensa
El caso también sumó una acción judicial del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Según informó Reportajes Teletrece, el organismo presentó una querella por fraude al fisco contra Benavente y el exasesor jurídico municipal Esteban San Martín.
La acción fue interpuesta en representación de la Municipalidad de Chillán y del Gobierno Regional de Ñuble. El CDE cuestiona especialmente los acuerdos que permitieron retirar estructuras que habrían estado incluidas en la adquisición del inmueble.
Por su parte, la defensa del alcalde ha rechazado la existencia de delitos. En julio, el abogado Marcelo Villena sostuvo que la operación se desarrolló siguiendo las recomendaciones de los asesores jurídicos municipales.
«A nuestro juicio no hay ninguna irregularidad, ningún fraude en ese hecho ni en ningún otro», declaró entonces el abogado a BioBioChile.
El viernes 16, LA FONTANA informó sobre el inicio de la formalización y los antecedentes conocidos hasta ese momento. La nueva exposición de la Fiscalía permitió precisar los dos hechos imputados y el perjuicio económico que atribuye a cada uno.
El tribunal deberá resolver las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, incluida la petición de arresto domiciliario total. La formalización no constituye una condena y el alcalde mantiene su presunción de inocencia.
