La justicia penal impuso la pena máxima de presidio perpetuo calificado contra un hombre de 47 años acusado por los delitos de femicidio íntimo y desacato en San Ignacio (Región de Ñuble). Así lo informó la Fiscalía tras finalizar un juicio oral de dos jornadas.
El ataque ocurrió el 18 de noviembre de 2024 en la vivienda de la víctima. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán sumó una segunda condena de dos años. La sanción de reclusión efectiva responde al delito consumado de desacato contra la justicia. El imputado mantenía una prohibición judicial de acercarse a la víctima desde junio de 2023.
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El fiscal jefe de Bulnes, Álvaro Hermosilla, señaló que el imputado “llegó cerca de las 22 horas del día de los hechos hasta el domicilio de su expareja, donde la agredió con un cuchillo, causándole 21 heridas cortopenetrantes”. El crimen se perpetró ante una niña de 12 años, hija de la mujer asesinada.
Los peritajes forenses determinaron múltiples impactos en la región del tórax posterior y el abdomen. La víctima fatal falleció producto de una herida penetrante cardíaca provocada por la acción de terceros. El arma blanca incautada resultó plenamente compatible con las lesiones mortales encontradas durante la autopsia.
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Entregarán pensión a familiares afectados
El jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Raúl Sánchez, afirmó que existió un «trabajo científico- técnico de los detectives, quienes lograron recoger y trabajar evidencia que sirvió como medio de prueba para acreditar los hechos y la participación del acusado». Posteriormente, el fallo unánime ordenó tomar muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética.
El SernamEG de Ñuble gestionó una pensión de reparación legal para los familiares afectados por el crimen. La directora regional del SernamEG, Nicol Ulloa, indicó que “como SernamEG hemos estado presentes desde el primer momento y durante todo el proceso judicial, acompañando a la familia en cada etapa, no solo desde lo jurídico, sino también desde el ámbito psicológico y social”. La entidad gubernamental también coordinó acciones logísticas para resguardar formalmente a los hijos menores de edad.
La condena de presidio perpetuo calificado representa la pena más alta del ordenamiento jurídico chileno. El homicida recién podrá optar al beneficio de la libertad condicional tras cumplir 40 años encarcelado. La resolución judicial incluyó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
