La Corte de Apelaciones de Talca impuso una suspensión de cuatro meses al conservador de Chillán (Región de Ñuble), Yamil Najle Alée. La medida fue adoptada el 24 de agosto, tras concluir un sumario administrativo relacionado con su anterior ejercicio en Cauquenes.

La sanción se fundamenta en la emisión de siete certificados que no informaron un embargo vigente sobre un inmueble. Los documentos fueron extendidos entre mayo de 2014 y enero de 2018.

Los hechos ocurrieron antes de que Najle asumiera en Chillán. Por tanto, las irregularidades investigadas no corresponden a inscripciones efectuadas en la capital de Ñuble.

Los certificados omitieron un embargo vigente desde 2009

El caso se originó en un predio denominado Hijuela Primera del Fundo Santa Rosa, ubicado en Cauquenes. El inmueble estaba inscrito desde 1997 a nombre de un comerciante de esa comuna.

El 10 de agosto de 2009, el Juzgado de Letras de Cauquenes autorizó su embargo a favor de Banco Santander. Según la investigación publicada por CIPER, no existe constancia de que esa medida haya sido eliminada.

Un certificado de hipotecas, gravámenes y prohibiciones debe informar las cargas y limitaciones que afectan a una propiedad. Entre ellas se encuentran las hipotecas, servidumbres, usufructos y embargos.

Estos documentos son solicitados habitualmente por compradores y entidades financieras para estudiar los antecedentes de un inmueble. Suelen requerirse antes de una compraventa.

El sumario estableció que Najle emitió siete certificados sin consignar el embargo. Gloria Rivera Rivera, quien ejerció como conservadora suplente, extendió otros dos documentos con la misma omisión.

El terreno fue dividido y posteriormente vendido

Durante el periodo examinado, el predio fue subdividido en 59 lotes y transferido entre sociedades inmobiliarias. Parte de esos terrenos terminó posteriormente en manos de terceros.

En 2012, el Juzgado de Letras de Cauquenes remitió al Conservador el expediente correspondiente al embargo. Sin embargo, la carpeta se extravió y todavía no ha sido localizada, según los antecedentes publicados.

Entre 2014 y 2018, Najle extendió los siete certificados cuestionados. En febrero de 2018, Rivera emitió otro documento que tampoco incorporó la medida judicial.

Ese año, la propiedad fue vendida a Ingeniería y Servicios Fischtec Limitada. En marzo de 2023, Najle emitió un documento que sí confirmó la existencia del embargo.

Una semana después, Rivera volvió a omitir la medida en una nueva certificación. Durante 2024, los lotes fueron vendidos a Altos de Lontué SpA y algunos pasaron posteriormente a terceros.

CIPER precisó que no pudo establecer una relación entre Najle y las sociedades que compraron o vendieron los inmuebles. El antecedente resulta relevante para no atribuirle una participación que el sumario no acreditó.

La Corte envió los antecedentes al Ministerio Público

La Corte de Talca concluyó que las actuaciones podían representar una “falta a la verdad” cometida “en abuso de su cargo”. Por ello, suspendió durante cuatro meses tanto a Najle como a Rivera.

Se trata de una sanción administrativa, no de una condena penal. Cuatro de los cinco ministros que participaron en la decisión respaldaron la medida.

El ministro suplente Álvaro Saavedra votó por absolver a los tres funcionarios investigados. Argumentó que no estaba acreditada una actuación dolosa y que las infracciones disciplinarias se encontraban prescritas.

El tribunal también sancionó con una censura por escrito a Matías Jorquiera, quien sucedió interinamente a Najle en Cauquenes. La Corte determinó que no informó las irregularidades al tribunal ni al Ministerio Público.

Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional del Maule. Según CIPER, la investigación quedó bajo la dirección del fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca.

Las diligencias fueron encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de Linares. La causa busca establecer la eventual existencia de falsificación de instrumento público, prevaricación y estafa.

Hasta ahora no se ha informado una formalización por estos hechos. La investigación penal se encuentra separada del procedimiento administrativo resuelto por la Corte de Talca.

Una causa distinta de la trama bielorrusa

Najle ejerció como conservador de Cauquenes entre octubre de 2010 y julio de 2024. Posteriormente asumió el Conservador de Bienes Raíces de Chillán, cargo del cual permanece suspendido.

La sanción de Talca es independiente del procedimiento relacionado con la denominada trama bielorrusa. En noviembre de 2025, según informó el Poder Judicial, la Corte de Chillán abrió una investigación administrativa por su posible participación en transferencias vinculadas con ese caso.

En enero de 2026, Najle fue formalizado por lavado de activos. La Fiscalía sostiene que recibió $25 millones desde el conservador Sergio Yáber y participó en operaciones destinadas a ocultar el origen de esos fondos.

Durante esa audiencia, según consignó La Tercera, el tribunal decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Najle. La formalización no representa una condena y la investigación continúa vigente.

En junio, según informó BioBioChile, la Corte de Chillán lo suspendió durante 60 días y ordenó abrir un cuaderno de remoción. Ese procedimiento puede determinar si corresponde apartarlo definitivamente del cargo.

Posteriormente, la defensa presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para intentar paralizar el proceso. La Tercera informó sobre esa acción el 26 de agosto.

Hasta ahora no se ha informado una resolución definitiva sobre su permanencia como conservador de Chillán. Tampoco existe una sentencia penal firme relacionada con la trama bielorrusa.

La defensa evalúa impugnar la nueva suspensión

Najle declinó responder las consultas de CIPER sobre el sumario de Cauquenes. Su abogado, Rodrigo Biel, indicó que los procedimientos administrativos tienen carácter reservado.

El profesional señaló que “la posibilidad de impugnar está siempre presente”. Agregó que consultarían al conservador antes de decidir si presentarían una apelación.

Rivera tampoco entregó una respuesta sobre el fondo de los hechos antes de la publicación. Jorquiera sostuvo que detectó la inconsistencia mediante nuevos protocolos e informó directamente a las personas eventualmente afectadas.

De esta manera, permanecen abiertos tres asuntos diferentes: la posible impugnación de la suspensión, la investigación penal en Maule y los procedimientos relacionados con la trama bielorrusa.